Durante 2024, la Fiscalía Provincial de Álava tramitó un procedimiento judicial por el fallecimiento de un menor de edad. Según recoge la memoria anual, el caso está siendo investigado como un posible homicidio imprudente. La Fiscalía no ofrece más detalles sobre las circunstancias del suceso ni el contexto en que se produjo, pero sí aclara que no se trata de un homicidio doloso ni de un asesinato.
Muerte de una persona mayor en una residencia geriátrica
También se investigó el fallecimiento de una persona mayor residente en una institución geriátrica. El caso fue calificado como posible delito de maltrato habitual, ya que, según indica el documento, la persona fallecida presentaba antecedentes de deterioro físico y psíquico. El procedimiento se encuentra en fase de instrucción. Este caso se enmarca en una preocupación mayor que expresa la Fiscalía por el aumento de malos tratos a personas mayores, especialmente en contextos familiares o institucionales. Tal y como recoge la memoria, el mal trato en la ancianidad es un hecho constatado y pocas veces denunciado, lo que obliga a prestar especial atención a este tipo de víctimas vulnerables.
Ningún asesinato tramitado en 2024
La Fiscalía señala que, durante todo el año, no se tramitó ningún procedimiento por homicidio o asesinato. Todos los procedimientos relacionados con fallecimientos fueron calificados como homicidios imprudentes. En total, se incoaron cuatro causas penales por muertes, entre las que se encuentran los casos del menor y de la persona mayor. La ausencia de homicidios dolosos o asesinatos contrasta con los procedimientos por muertes sin intencionalidad criminal directa, que sí ocuparon parte de la actividad del Ministerio Fiscal durante el ejercicio.
Dificultad para detectar el maltrato a personas mayores
La Fiscalía insiste en la necesidad de visibilizar el maltrato a personas mayores, que en muchos casos no denuncian lo ocurrido por miedo o dependencia emocional y económica. En este sentido, destaca que la fuente de conocimiento suele ser externa, a través de trabajadores sociales, entidades bancarias u otros profesionales. El documento también señala que el apoyo a estas víctimas debe realizarse utilizando todas las herramientas legales y de asistencia disponibles, y que su especial vulnerabilidad exige una respuesta adecuada del sistema judicial.