Han pasado más de cinco meses desde que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó retirar del callejero franquista. La moción, impulsada por 20 asociaciones y tres Celedones de Oro, fue aprobada el 16 de mayo sin ningún voto en contra. Sin embargo, hasta hoy, no se ha hecho absolutamente nada para ejecutarla. Así lo denuncian las entidades firmantes, que exigen al Consistorio que actúe ya.
“No banalicen el fascismo, ejecuten la moción”, reclaman en un nuevo comunicado, en el que recuerdan que los partidos del gobierno municipal (PSE y PNV) condicionaron la aplicación de la moción a la valoración de un grupo de personas expertas. Desde entonces, no ha habido avances, ni plazos, ni explicaciones públicas.
Cinco nombres ligados a la dictadura franquista
La moción pedía eliminar del callejero los nombres de Vicente Abreu Madariaga, Carmelo Ballester Nieto, Juan de la Cierva Codorníu, José Lejarreta Salterain y Carlos Sáenz de Tejada y Lezama, todos ellos con responsabilidades directas en el golpe de Estado, la Guerra Civil o la dictadura.
Vicente Abreu fue coronel y gobernador militar de Álava entre 1936 y 1943, presidió consejos de guerra y llegó a ser Diputado General de la Diputación Foral.
Carmelo Ballester fue obispo de León y luego de Vitoria entre 1943 y 1948. También fue procurador en las Cortes franquistas y miembro del Consejo de Estado.
Juan de la Cierva facilitó la adquisición de armamento en la Alemania nazi y fue quien gestionó el traslado de Franco desde Canarias hasta Tetuán para liderar el ejército rebelde.
José Lejarreta, alcalde de Vitoria-Gasteiz entre 1941 y 1944, gestionó el Ayuntamiento con “inquebrantable lealtad a Franco” y favoreció a la Falange local.
Carlos Sáenz de Tejada fue ilustrador de la propaganda franquista. Ilustró el libro La Historia de la Cruzada Española y el himno Cara al sol.
También siguen vigentes las medallas franquistas
Además de los nombres en las calles, la moción pedía retirar las medallas y menciones honoríficas municipales concedidas a altos cargos del franquismo. Según denuncian los colectivos, estos reconocimientos siguen activos, pese a que tanto la Ley estatal de Memoria Democrática como la Ley vasca obligan a retirarlos.
“El Ayuntamiento no ha dado ningún paso en la ejecución de la moción. No ha eliminado los nombres, no ha retirado las medallas, ni ha comunicado avance alguno. Nada”, resumen las asociaciones, que recuerdan que Vitoria-Gasteiz mantiene en el espacio público “referentes franquistas” a los que los organismos internacionales de derechos humanos recomiendan eliminar.
“No es coherente condenar la dictadura y mantener a sus promotores en el callejero”
Las entidades firmantes aseguran que la ciudad está a tiempo de corregir esta situación, pero advierten de que el reloj avanza. “El Ayuntamiento dispone de dos años de legislatura para ejecutar la moción, el tiempo suficiente pero justo para gestionarla –dando un tiempo de adaptación a la vecindad y empresas afectadas–”, explican.
A su juicio, mantener a estas personas en el callejero supone “un blanqueamiento del fascismo” y va en contra de las leyes actuales. “No es coherente que condenemos la Guerra y la Dictadura y mantengamos en el callejero y en los libros institucionales de honores, a quienes las gestaron, fomentaron y legitimaron”, sostienen.
Recuerdan que la legislación estatal y autonómica establece que deben retirarse del espacio público “los dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje”.
Las asociaciones reclaman que se cumpla lo acordado
En su nuevo escrito, las asociaciones memorialistas exigen tres medidas concretas al equipo de gobierno: que se ponga en marcha el proceso de ejecución de la moción sin más demoras, que se incluya su texto íntegro en el libro de Actas municipal, y que se les informe por escrito de cualquier decisión al respecto.
“No se ha hecho nada. Cinco meses después, no hay excusa. La moción está aprobada y es legalmente aplicable. Solo falta voluntad política”, concluyen.
