La concejala de Espacio Público y Barrios de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal (PNV), ha descartado este martes la posibilidad de levantar la prohibición de subir patinetes eléctricos a los autobuses de TUVISA y al tranvía de Euskotren, al asegurar que no existen nuevos informes técnicos que avalen una revisión de la medida.
Artolazabal ha respondido así a la solicitud realizada por el grupo municipal Elkarrekin, que ha registrado una moción para su debate en el Pleno del próximo 20 de febrero en la que reclama revertir dicha restricción. La concejala ha confirmado que el Gobierno municipal no contempla cambios por el momento.
“Con la información que tengo en este momento, no tengo ningún dato objetivo para modificar esa decisión que se adoptó en el seno del Consejo de Administración”, ha señalado.
La decisión se mantiene sin cambios mientras no haya respaldo técnico
Tanto TUVISA como Euskotren mantienen desde 2024 la prohibición de acceder con patinetes eléctricos a sus vehículos, por el riesgo que representan las baterías de litio en entornos cerrados y de alta ocupación. En el caso de TUVISA, la medida fue declarada indefinida en junio de 2025.
Artolazabal ha explicado que la restricción no es una decisión aislada del Ayuntamiento, sino que responde a una posición técnica adoptada de forma coordinada por otros operadores de transporte público a nivel autonómico y estatal.
“Esto no es una decisión unilateral ni del Ayuntamiento ni de TUVISA”, ha afirmado, en referencia a que la prohibición también afecta al tranvía de Vitoria-Gasteiz y al conjunto de la red de Euskotren.
Aunque ha reconocido que permitir de nuevo el acceso podría ser “algo positivo”, ha insistido en que “con los informes que tenemos en este momento, no se garantiza esa condición de seguridad”.
Artolazabal ha concluido señalando que cualquier modificación deberá estar basada en evidencias técnicas actualizadas y acordada con el conjunto de operadores.
En lo referido a la exigencia de seguro obligatorio para los Vehículos de Movilidad Personal, incluida en el Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno central, Artolazabal ha señalado que la normativa estatal es clara y que el Ayuntamiento no tiene competencias para modificarla. Ha añadido que, en todo caso, “ese debate se tendrá que dar en el Pleno”, en alusión a la moción que plantea su derogación.