La primera teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV), ha puesto el foco en las consecuencias visibles que ha dejado la huelga general en Vitoria-Gasteiz. En declaraciones a los medios, la edil ha denunciado el estado en el que ha quedado la ciudad tras la jornada de movilización.
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“Creo que en este momento deberíamos analizar en qué situación ha quedado la ciudad”, ha señalado, en referencia a la presencia de pasquines, pegatinas, folletos y pancartas en el espacio público. Artolazabal ha afirmado que Vitoria-Gasteiz ha quedado “totalmente sucia” tras una jornada que, ha recordado, partía de una reivindicación “legítima”.
En ese contexto, ha aludido también a la pintada realizada en el monumento a la Batalla de Vitoria, un asunto que GasteizBerri ha avanzado esta mañana, al informar de la denuncia presentada por el Ayuntamiento ante la Policía Local para investigar su autoría.
Crítica a los actos vandálicos
La concejala ha diferenciado entre el derecho a la huelga y determinadas actuaciones registradas durante la jornada. “El derecho a la huelga no tiene que estar en contra del derecho al trabajo”, ha señalado.
En la misma línea, ha distinguido entre la labor informativa de los piquetes y lo que considera comportamientos que exceden ese marco. “Una cosa es que el piquete vaya a cerrar la tienda dentro de su labor de información, lo puedo respetar. Lo que me parece vandalismo puro y duro es entrar en una tienda, tirar ropa o echar pintura”, ha afirmado.
Aunque ha precisado que en Vitoria-Gasteiz no se produjeron episodios de esa gravedad, sí ha mencionado incidentes en otras ciudades como Bilbao.
Una huelga con “visos políticos”
Sobre el fondo de la convocatoria, centrada en la reivindicación de un salario mínimo de 1.500 euros, Artolazabal ha enmarcado el debate en un ámbito superior al municipal y ha recordado que Euskadi no dispone de competencias para fijar un SMI propio.
A su juicio, la huelga tuvo “muchos visos más políticos que de mejora de las condiciones laborales”, aunque ha reconocido que el debate sobre el nivel de vida y los salarios “puede ser analizable” si se dan las condiciones competenciales para ello.
