La tasa turística ya no es una idea perdida en un debate largo. Vitoria-Gasteiz trabaja con una fecha encima de la mesa. El Gobierno municipal quiere que el impuesto sobre estancias turísticas empiece a aplicarse el 1 de enero de 2027.
El asunto llega con ruido político. El PP lo rechaza de frente. Elkarrekin quiere que sirva para hablar del modelo turístico y de la vivienda. El Gobierno municipal lo defiende como una forma de que quienes duermen en la ciudad también ayuden a pagar parte de los servicios que usan durante su estancia.
La frase más dura la ha puesto Blanca Lacunza. La concejala del PP ha asegurado que su grupo no va a aprobar ninguna ordenanza fiscal que regule este impuesto y ha definido la medida como un “gravísimo error” para Vitoria.
Lacunza sostiene que Gasteiz no tiene un problema de saturación turística. Según su lectura, la ciudad está lejos de los problemas que viven otros destinos y necesita atraer más visitantes, no poner nuevas cargas a quienes vienen. Para reforzar su argumento, ha citado bajadas en entradas de viajeros y pernoctaciones, tanto en 2025 como en los últimos datos de 2026.
El PP cree que la tasa puede restar competitividad a Vitoria frente a territorios cercanos donde no se aplique. También ha puesto el foco en quienes vienen por trabajo. En una ciudad industrial, ha defendido Lacunza, penalizar las pernoctaciones puede afectar también al turismo de negocios.
La respuesta del Gobierno municipal ha sido igual de directa. María Nanclares ha defendido que el impuesto no busca espantar a nadie. Según la concejala de Promoción Económica, no será una tasa disuasoria, sino una herramienta para repartir mejor los costes que deja la actividad turística.
Nanclares ha dejado otra frase de peso al acusar al PP de ser “el mayor desincentivador del turismo” en Vitoria y en Álava. A su juicio, los populares hablan mal de la ciudad y trasladan una imagen negativa que perjudica más al turismo que el propio impuesto.
El Gobierno insiste en que Vitoria no vive una situación de masificación. Por eso, defiende que el gravamen tendrá que ajustarse a la realidad de la ciudad. Todavía no se ha dicho cuánto se cobrará. La norma foral permite una horquilla y el Ayuntamiento tendrá que concretar la cantidad en la ordenanza fiscal.
Elkarrekin ha llevado el debate a otro punto sensible. Garbiñe Ruiz ha defendido que la tasa no puede quedarse en una cuestión administrativa o de recaudación. Cree que debe servir para decidir qué turismo quiere Vitoria y qué impactos quiere evitar antes de que sea tarde.
Ruiz ha hablado también de las viviendas turísticas. Su planteamiento es claro. No todos los alojamientos tienen el mismo efecto sobre la ciudad. Un hotel está pensado para recibir visitantes, pero una vivienda turística puede ser un piso menos en el mercado del alquiler residencial.
La tasa abre así un debate más amplio que el simple cobro a quienes duermen en la ciudad. Está en juego para qué se usará el dinero, cómo se medirá el impacto del turismo y qué papel tendrán los alojamientos turísticos en una ciudad donde la vivienda ya es uno de los grandes problemas.
El Ayuntamiento ha explicado que Hacienda se encargará de la ordenanza, los modelos de declaración y la plataforma de autoliquidación. Turismo aportará datos, contacto con el sector y la visión sobre el modelo de ciudad.