La Diputación Foral de Álava ha aprobado ejercer acciones civiles y penales como posible perjudicada en una investigación de la Audiencia Nacional. Según la documentación consultada por GasteizBerri, el procedimiento podría estar relacionado con la causa abierta contra el grupo prorruso NoName057(16).
La institución foral, sin embargo, no sabe qué hechos concretos se están investigando ni por qué podría estar afectada. Tampoco tiene constancia de daños patrimoniales relacionados con el procedimiento.
La Audiencia Nacional comunicó a la Diputación que podía encontrarse entre las perjudicadas y le ofreció la posibilidad de comparecer en la causa. El Consejo de Gobierno Foral ha decidido aceptar ese ofrecimiento y autorizar las acciones legales.
«No sabemos realmente qué caso es»
Al recibir la comunicación, la Diputación preguntó qué había ocurrido, cuándo habían sucedido los hechos y por qué podía aparecer como afectada. No obtuvo una respuesta concreta porque las actuaciones se encuentran bajo secreto.
«No sabemos realmente qué caso es», han explicado fuentes forales a GasteizBerri. La institución ha optado por personarse por prudencia y para conocer el contenido del expediente cuando el tribunal permita acceder a él.
Desde la Diputación aseguran que no les consta ningún daño patrimonial. Por ahora tampoco han identificado un incidente concreto que puedan relacionar con la investigación.
La documentación apunta a Noname
La información a la que ha tenido acceso GasteizBerri permite plantear que el procedimiento podría formar parte de la investigación sobre NoName057(16). Esa posible relación no ha sido confirmada por la Diputación, que no dispone de los detalles de la causa.
NoName057(16) es un grupo prorruso investigado por ataques informáticos contra instituciones públicas y sectores estratégicos. En España, las investigaciones relacionadas con esta organización han dado lugar a detenciones y otras actuaciones policiales.
Su método más conocido son los ataques de denegación de servicio o DDoS. Consisten en lanzar una gran cantidad de peticiones contra una web o plataforma hasta saturarla y dejarla temporalmente fuera de servicio.
Un ataque de este tipo no implica necesariamente que se haya entrado en los sistemas o que se hayan robado datos. Puede limitarse a impedir durante un tiempo el acceso a una página o servicio digital.
La decisión de entrar en el procedimiento permitirá a la Diputación consultar el expediente cuando el secreto de las actuaciones lo permita, pedir diligencias y defender sus intereses dentro de la causa.
También podría reclamar una indemnización si finalmente se demuestra que sufrió algún perjuicio. Por ahora, la institución se persona para averiguar por qué la Audiencia Nacional considera que puede estar afectada.
