El acceso de patinetes eléctricos a los autobuses de TUVISA seguirá prohibido al menos durante cuatro meses más. La medida, que ha sido cuestionada por Elkarrekin, se tomó hace un año con el argumento de garantizar la seguridad de las personas usuarias del transporte público. Sin embargo, desde la oposición critican que el informe técnico elaborado para justificar la decisión reconoce que «no hay evidencia científica» que respalde la prohibición generalizada.
Un informe que no convence
El concejal de Elkarrekin, Óscar Fernández, ha calificado la situación de «kafkiana» y ha señalado que la prórroga de la prohibición no se basa en datos sólidos. «No hay un informe que diga que hay que prohibir el acceso de patinetes eléctricos», ha afirmado. Según el documento elaborado por el propio Ayuntamiento, «los vehículos de movilidad personal que cumplen con la normativa de la UE y cuentan con baterías certificadas presentan riesgos mínimos».
Fernández ha cuestionado la decisión de prohibirlos en los autobuses, mientras que en otros medios de transporte como el tranvía no hay restricciones similares. «Se está demonizando un medio de transporte sostenible», ha asegurado, añadiendo que el veto «perjudica a muchas personas que dependen de su patinete para desplazarse entre su parada de bus y su centro de trabajo».
El Ayuntamiento defiende la medida
Por su parte, la presidenta de TUVISA, Izaskun Reyes, ha justificado la prórroga de la prohibición argumentando que «se ha tomado en base a criterios de seguridad». Según Reyes, la decisión se ha basado en estudios elaborados por entidades como Mapfre, Renfe y Euskotren, así como en un informe del Gobierno británico sobre la seguridad de las baterías de litio.
«El cuerpo de bomberos de Londres ha documentado un aumento de incendios de patinetes eléctricos, pasando de 2 incidentes en 2017 a 178 en 2023», ha explicado Reyes. También ha señalado que «la mayoría de estos incendios ocurren en viviendas, pero el riesgo es mayor en espacios cerrados y con difícil evacuación, como un autobús».
Cuatro meses de incertidumbre
Fernández ha insistido en que el informe utilizado para justificar la prohibición «no habla en ningún momento de vetar los patinetes en el transporte público». Además, ha preguntado por qué se ha optado por una prórroga de cuatro meses en lugar de tomar una decisión definitiva.
En respuesta, Reyes ha explicado que se trata de un plazo «para analizar más datos y evaluar mejor la situación». «Nadie quiere asumir la responsabilidad de permitir algo que pueda suponer un riesgo», ha concluido.
