Los padres de Kerman, el joven de 31 años que murió el pasado 23 de febrero tras una agresión presuntamente cometida por un portero de la discoteca Mítika, han remitido una carta al Parlamento Vasco en la que denuncian una cadena de fallos institucionales que, según aseguran, permitieron que ocurriera el crimen.
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En GasteizBerri publicamos en su día los correos internos de una agente de Policía Local, en los que advertía por escrito del comportamiento violento del portero implicado y de las condiciones irregulares del acceso al local. Ahora, esas denuncias forman parte del eje central de la carta enviada por la familia a los parlamentarios vascos.
“La muerte de Kerman no fue un accidente”
“La muerte de Kerman no fue un accidente”, escriben los padres con rotundidad. “Entre quienes tenían contacto directo con la vida nocturna de Gasteiz, era bien sabido que en la discoteca Mitika los problemas no los generaban los clientes, sino sus controladores de acceso, quienes mostraban un patrón de violencia gratuita e indiscriminada, dentro de una dinámica instalada y tolerada”.
En la misiva, detallan que la Policía Local “era consciente del riesgo al menos un año antes”, cuando una instructora advirtió a sus superiores “hasta tres escalas jerárquicas por encima” sobre el comportamiento del portero y la ilegalidad del lugar donde se realizaba el control de acceso. El espacio descrito carecía de videovigilancia y presentaba malas condiciones de iluminación y visibilidad. La instructora señalaba que esa ubicación “era escogida deliberadamente para ejercer violencia con mayor impunidad”.
“El Ayuntamiento no puede escudarse en tecnicismos”
Los padres denuncian que las advertencias no fueron atendidas ni por los mandos policiales ni por el Ayuntamiento. “Las explicaciones del consistorio han sido contradictorias”, relatan. “Primero se argumentó que informar a la Fiscalía era todo lo que se podía hacer; después, que no se actuó porque la instructora no elaboró un informe oficial, a pesar de que existen comunicaciones internas documentadas en las que solicitaba colaboración y alertaba del riesgo”.
Acusan a la administración local de haber fallado en su responsabilidad directa: “El Ayuntamiento no puede escudarse en tecnicismos para eludir su responsabilidad. La normativa estatal, autonómica y local otorga a los municipios competencias claras en materia de inspección y prevención de riesgos para la seguridad ciudadana”.
“Se podrían haber iniciado expedientes, retirado acreditaciones o impuesto sanciones. No era necesario invadir competencias ajenas, sino actuar con la diligencia debida”, añaden.
“Kerman merece justicia”
En su escrito, la familia no solo exige rendición de cuentas, sino también reformas legislativas que eviten que otros casos similares vuelvan a ocurrir. “Nos dirigimos a este Parlamento como institución responsable de legislar en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para que impulse las reformas necesarias que aclaren competencias, refuercen las obligaciones institucionales y doten a los municipios de herramientas eficaces para actuar con diligencia ante riesgos conocidos”.
El texto concluye con una petición de justicia. “Una mínima asunción de responsabilidad institucional por su asesinato es lo menos que merece nuestro hijo, y lo mínimo que la ciudadanía debería poder esperar, algo que la alcaldía de su propio ayuntamiento le negó a pesar de ser trabajador del mismo”.
