La abogada Yaiza Alzola, responsable de la asesoría jurídica para jóvenes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha denunciado el colapso del servicio durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales, Igualdad y Juventud. El servicio, que está externalizado mediante contrato público, atiende anualmente más de 600 consultas jurídicas con solo 280 horas contratadas. “Estoy metiendo muchas más horas de las que se me pagan por mi voluntad de sacar el servicio adelante”, ha explicado Alzola.
Desde 2021, primero a través de la cooperativa EDIREN y, desde 2023, como empresa licitadora individual, Alzola se encarga de prestar el servicio. La asesoría, ubicada en el centro cívico El Campillo, forma parte de los servicios municipales de Juventud junto a la aseXoría y la psicoasesoría. Está dirigida a personas de entre 16 y 35 años, y presta orientación legal en materias como vivienda, trabajo, derecho penal, civil, administrativo y extranjería. “Entre el 60% y el 70% de las consultas son sobre vivienda y laboral. No es casualidad: son los problemas que más afectan a la juventud”, ha señalado.
Solo ocho citas semanales y servicio inactivo varios meses
La asesoría jurídica funciona únicamente los jueves y viernes por la tarde, de 17:00 a 20:30, es decir, solo siete horas semanales. Cada jornada se ofrecen cuatro citas de 40 minutos, lo que permite atender un máximo de ocho personas a la semana. “Esto significa que al año hay unas 200 y pico citas disponibles. Pero el volumen de trabajo supera las 600 consultas anuales”, ha detallado Alzola.
A esta limitación se suma que el servicio no se presta durante los meses de julio y agosto, y que en otros como diciembre, enero, abril y junio solo se atiende algunas semanas. “Prácticamente medio año el servicio está cerrado”, ha indicado.
Meses de espera y pérdida de efectividad
El reducido horario ha provocado listas de espera de hasta seis meses. Desde la Oficina Municipal de Información Joven, que gestiona las citas, se ha habilitado una lista de espera alternativa para cubrir cancelaciones. En lo que va de año, unas 150 personas han quedado fuera. “Estamos dando cita para septiembre. ¿De qué le sirve a un joven una cita dentro de seis meses si ha sido despedido y tiene 20 días hábiles para reclamar?”, ha advertido.
Según Alzola, este retraso genera un desorden en la atención y frustra la función preventiva del servicio. “Hay gente que pide cita por si acaso, por si en seis meses tiene un problema. Y cuando llega el día, ya tiene dos. Así no se puede trabajar”, ha lamentado. También ha alertado de la pérdida de confianza entre la juventud: “Se está generando la sensación de que el servicio no existe o no sirve de nada”.
Sin escáner, sin sillas y sin intimidad
La abogada ha denunciado también la precariedad de los medios materiales con los que cuenta el servicio. “No hay sala de espera, la gente está sentada en el suelo. Se escucha todo desde fuera. Hace poco una joven entró llorando porque fuera estaba la persona contra la que había presentado una denuncia, y lo escuchó todo”, ha relatado.
Además, lleva dos años reclamando un escáner. “La gente me manda fotos por correo, 16 imágenes por caso, algunas en GIF. Así no se puede estudiar la documentación. Hay una falta de medios importante”, ha remarcado.
Un contrato pensado para 100 consultas
El contrato actual, de 11.900 euros anuales, fue diseñado para unas 100 consultas al año, cifra basada en la gestión anterior del servicio por parte del Colegio de Abogados. “En su momento, el Ayuntamiento nos pidió que nos presentáramos al contrato porque el Colegio no daba un buen servicio: cambiaban de profesional cada mes, no contestaban emails, no había seguimiento”, ha recordado Alzola.
Desde 2021, primero con la cooperativa Iren y después de forma individual desde 2023, ella se encarga de prestar la asesoría. El contrato permite dos años de prórroga, y actualmente se encuentra en el primero. “Yo ya he comunicado que no quiero seguir así. Prefiero renunciar que continuar en estas condiciones, que son insostenibles. Pero si lo hago, me imponen una penalización del 5% del contrato bianual”, ha denunciado.
Posibles soluciones: talleres grupales
Pese a las dificultades, la abogada ha señalado que en las reuniones con el Ayuntamiento han comenzado a explorarse soluciones como los talleres grupales. “Sería una forma de atender temas muy repetidos, como arrendamientos o despidos, y reducir la lista de espera. Pero debe ser una medida fuerte, no una solución simbólica”, ha reclamado.
Alzola ha subrayado que no se trata de sustituir la atención personalizada, sino de liberar la carga de las consultas más recurrentes. “Hay que dotar al servicio de recursos reales. Con voluntad no basta”, ha concluido.
El Ayuntamiento prevé un redimensionamiento para 2027
La concejala de Juventud, Ana López de Uralde, ha reconocido que el servicio necesita cambios. “Estamos trabajando para mejorar la atención durante esta prórroga hasta 2026. No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, ha asegurado.
Ha anunciado que se repetirán talleres divulgativos sobre vivienda y empleo y que se limitarán las derivaciones desde otros servicios municipales o administraciones. “No vamos a atender lo que no es competencia del servicio”, ha afirmado.
Además, ha explicado que el Ayuntamiento ha iniciado un convenio piloto con el Gobierno Vasco para cofinanciar las tres asesorías entre 2024 y 2026. “Es un proyecto ambicioso que permitirá una nueva licitación en 2027, con mejores condiciones económicas y una atención adecuada a las nuevas necesidades”, ha declarado.
