El Gobierno central aprobará este martes 27 de enero, en Consejo de Ministros, una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación administrativa irregular mediante un Real Decreto que no pasará por el Congreso. La medida, impulsada en el marco del acuerdo entre el PSOE y Podemos, abrirá la puerta a la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo a cientos de miles de personas extranjeras que ya se encuentran en España y cumplen los requisitos marcados.
El corte temporal fijado sitúa la fecha límite en el 31 de diciembre de 2025. Podrán acceder al proceso quienes acrediten haber estado en territorio español antes de ese día y certifiquen al menos cinco meses de estancia efectiva. No será necesario presentar un contrato de trabajo para iniciar el procedimiento, lo que permite ampliar el alcance de la medida a personas en situación de arraigo pero sin acceso al empleo formal.
Se aceptarán pruebas alternativas de estancia
El procedimiento permitirá aportar una amplia gama de documentos para demostrar la estancia continuada en España: empadronamiento, informes médicos, contratos de suministros (luz, agua), certificados de envíos de dinero o remesas al país de origen, entre otros. Esta flexibilidad documental busca adaptarse a la realidad de quienes, pese a no estar registrados oficialmente, han formado parte activa del tejido social y vecinal.
El diseño del Real Decreto contempla una autorización inicial de residencia y trabajo de un año, renovable. Esta medida permitirá acceder de forma inmediata al mercado laboral y a la cotización en la Seguridad Social. El objetivo, según lo pactado entre los socios de Gobierno, es ofrecer una vía regular y segura a quienes ya conviven en el país, reforzando la inclusión social y el acceso a derechos básicos.
Una medida que afectará a medio millón de personas
Aunque no se ha concretado una cifra oficial, se estima que la regularización podría beneficiar a entre 500.000 y 600.000 personas en todo el Estado. Esta estimación se basa en el volumen de personas que podrían cumplir los criterios exigidos y lograr la documentación necesaria.
El procedimiento incluirá también la suspensión inmediata de órdenes de expulsión y procesos de retorno en curso para aquellas personas que se acojan a esta vía extraordinaria. No se trata de una anulación generalizada de las órdenes existentes, pero sí de una paralización efectiva en los casos que queden cubiertos por el decreto.
La tramitación del proceso se realizará directamente a través del Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, sin necesidad de validación parlamentaria. Se trata de una fórmula prevista en el ordenamiento jurídico español para medidas de carácter urgente, y que el Ejecutivo ha decidido utilizar en este caso para agilizar la implementación.
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