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Sancionan al Ayuntamiento por contratar a un trabajador «sin alta en la Seguridad Social» durante la huelga de jardineros

Inspección de Trabajo califica como “infracción grave” la contratación de personal externo para sustituir a los jardineros en huelga durante la romería de septiembre de 2025

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La Inspección de Trabajo ha sancionado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por una infracción grave en materia de Seguridad Social, al comprobar que una de las personas contratadas para realizar trabajos de mantenimiento en las campas de Olarizu durante la huelga de jardineros no estaba dada de alta en el momento de iniciar la actividad. La actuación tuvo lugar el 10 de septiembre de 2025, días antes de la tradicional romería del Día de Olarizu.

Intervención de inspección durante la huelga de Enviser

Durante la huelga indefinida del personal de jardinería —subcontratado por la empresa Enviser y en paro desde el 26 de marzo de 2025— el Ayuntamiento optó por alquilar un tractor y contratar de forma directa a dos operarios para realizar labores de aplanamiento de la hierba en las campas de Olarizu. Esta actuación fue realizada con escolta policial debido a la presencia de piquetes informativos.

La situación fue denunciada por los sindicatos presentes, entre ellos LAB y ESK, que alertaron a la Inspección de Trabajo sobre una posible vulneración del derecho a huelga. La inspectora se personó junto a agentes de la Policía Local y solicitó la identificación de los trabajadores, quienes inicialmente se negaron. Tras contactar telefónicamente con el contratante —el director de Espacio Público del consistorio—, este confirmó que los trabajadores habían sido contratados para “unos trabajos concretos fuera del contrato de la empresa que está en huelga: aplastar la hierba para la campa de la Romería de Olarizu”.

Uno sin alta, otro de baja

Tras la verificación en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, la inspectora constató que uno de los trabajadores no estaba dado de alta en ningún régimen en el momento de realizar la actividad. Además, el segundo operario declaró estar en situación de incapacidad temporal. Como resultado, Inspección de Trabajo determinó que el Ayuntamiento incurrió en una infracción grave por contratar a una persona sin alta previa.

La resolución, emitida mediante Acta de Infracción, se suma a otra calificación previa de la Inspección de Trabajo, que ya había considerado la actuación municipal como una vulneración del derecho a huelga, con una calificación de “muy grave” y sanción económica prevista de entre 7.501 y 225.018 euros, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Reacción de EH Bildu

EH Bildu ha hecho público el contenido del acta y ha criticado con dureza la gestión municipal. “Este Ayuntamiento no sólo vulneró el derecho a la huelga de los jardineros, sino que además contrató a una persona que no estaba dada de alta en la Seguridad Social y a otra que estaba de baja para hacer los trabajos de aplanamiento de la hierba en Olarizu. Y ahora, Inspección de Trabajo ha pillado al Ayuntamiento y lo ha sancionado. ¿En qué estaban pensando? ¿No les basta con vulnerar el derecho de los trabajadores en huelga sino que encima se meten en contrataciones irregulares?”, ha declarado el concejal Jon Molina.

El edil ha anunciado que su grupo pedirá explicaciones en la próxima Comisión municipal, dirigida a la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal. “Vamos a pedir todo tipo de explicaciones para esclarecer los hechos y vamos a pedir que se adopten medidas para que esto no vuelva a suceder”, ha afirmado.

El conflicto con la contrata Enviser fue uno de los más prolongados del último mandato municipal. La huelga indefinida se extendió durante más de seis meses, desde finales de marzo hasta octubre de 2025, y se saldó con un acuerdo que incluía mejoras salariales y en las condiciones laborales.

El episodio de Olarizu, en vísperas de una de las celebraciones más populares de la ciudad, fue uno de los momentos más tensos del conflicto. Las actuaciones municipales fueron objeto de críticas tanto por parte de sindicatos como de la oposición, y motivaron la apertura de procedimientos por parte de Inspección de Trabajo.

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