Las personas inquilinas del parque de viviendas de alquiler libre de Euskadi que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica a causa de la crisis del Covid-19 podrán acceder a 250 euros mensuales durante seis meses.
Las familias que pueden ser beneficiarias de esta ayuda económica son las que se queden en el paro o hayan sufrido un ERTE como consecuencia de la crisis provocada por la emergencia sanitaria, así como todas aquellas que, siendo trabajadoras autónomas o empresarias, sufran una caída sustancial de sus ingresos o sus ventas igual o superior al 40%.
En el caso del alquiler, el Gobierno Vasco ya anunció que los inquilinos del parque público de vivienda protegida podrían acogerse al plan aprobado con el que se les exonera del pago y de otro tipo de ayudas como la destinada dependiendo de si el arrendador es una empresa o una persona.
La cuantía de la ayuda, en línea con la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Prestación Económica de vivienda (PEV) vigentes en Euskadi, asciende a 250 euros mensuales y se aplicará durante seis meses, de abril a septiembre si persiste la situación de vulnerabilidad. El importe total podrá alcanzar los 1.500 euros, que se abonarán en dos pagos trimestrales.
El presupuesto dispuesto por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para sufragar la ayuda asciende a 15,5 millones de euros. Debe dedicarse al pago del alquiler de la vivienda habitual o a la devolución de los microcréditos concedidos para este fin por las entidades bancarias con aval del ICO.
Por otro lado, la Orden aprobada extiende las ayudas de este programa a las personas que sean víctimas de violencia de género, sean objeto de desahucio de su vivienda habitual, no tengan hogar, o sean especialmente vulnerables. Y, por cuenta de ellas, a las administraciones, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro que se ocupan de dar a estas personas una solución habitacional. Se considerarán personas especialmente vulnerables aquellas que así sean valoradas por los servicios sociales de base municipales.
En estos casos, dado su carácter más estructural, la cuantía total de la ayuda ascenderá a doce mensualidades, por lo que alcanzará los 3.000 euros.
Todas las ayudas contempladas por esta Orden no son compatibles con el resto de ayudas públicas destinadas al mismo fin.
