OPINIÓN
Artículo 47 de la Constitución Española:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
El derecho a la vivienda está respaldado claramente por el derecho internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona en su artículo 25.1 el «derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios«. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo ratifica en su artículo 11.1 al reconocer «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidas alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho«.
En el ámbito europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE del año 2000 señala en su artículo 34.3 que «con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales«.
Es un derecho fundamental, por lo que no está por encima de todo y “su defensa no puede ser a costa de atacar».
Derechos y Libertades de la Constitución, tales como el derecho a la propiedad privada (art.33) La interpretación es que la Constitución reconoce el derecho que tienen los ciudadanos a que los poderes públicos garanticen, desde la igualdad de oportunidades y del respeto de la propiedad privada, que las viviendas que el mercado ofrezca sean dignas y adecuadas.
En el estado, según el censo de 2011 (el próximo se espera que se actualice para 2021), hay 3.443.365 viviendas vacías. Supone el 13,7% del total del parque nacional. Pero no todos esos inmuebles están disponibles para sacar al mercado del alquiler. La Sexta parte está en un estado deficiente, malo o directamente ruinoso. Quedan, por tanto, 2,8 millones de viviendas vacías en buen estado en todo el Estado, eso si la mayoría en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, siendo las mayores necesidades en las grandes ciudades donde se tienen más oportunidades laborales.
Lo que no es para nada lógico que se estén ocupando muchas viviendas de propietarios, que muchos todavía están pagando o utilizando y eso no se respete. Hasta ahora parecía que solo se movían aquellos a los que les tocaba las ocupaciones, mientras que ahora estamos viendo que son los propios vecinos de los barrios o pueblos donde se ocupan las viviendas los que se movilizan para evitar esas ocupaciones.
Y yo podía llegar a entender que pueda haber familias que lleguen a ocupar una vivienda por necesidad, pero si realmente las necesitan no las destrozarían, si tu entras en una vivienda y está preparada para que los propietarios hagan uso de ella, no es normal que cuando esos dueños las recuperan se las encuentran totalmente arrasadas.
Tras una ocupación, existe la vía penal y la civil para recuperar el inmueble. La nueva normativa aprobada en julio de 2018, permite que, cuando el procedimiento es civil, no sea necesario identificar a quienes ocupan el inmueble, lo que ha agilizado el proceso. A través de este procedimiento civil se condena al ocupante a desalojar el inmueble y a que pague las costas del procedimiento (abogado y procurador), así como los daños y perjuicios que se hayan producido. Contra la sentencia no cabe recurso.
Se estima que las viviendas ocupadas son cerca de 100.000. Que la crisis económica, la falta de parque de vivienda social, la evolución de los precios del alquiler y los bajos salarios han llevado a que se den más casos de ocupación en el Estado. A medio plazo resultaría necesario ampliar el parque de vivienda social y asequible de alquiler en el país, poniéndonos a los niveles existentes en otros países europeos, para poder dar solución a aquellas personas que no pueden acceder a la vivienda en condiciones de mercado, lo malo son las personas que dicen que están en contra de todo y las mafias que cobran entre 200 y 300 euros por entregar una llave en un piso ocupa: «Existe toda una red de extorsión en la que se cobra por las llaves del portal, por los servicios públicos y en otros casos se engaña con contratos fraudulentos de alquileres muy baratos».
La mayoría son personas de bajos recursos, algunos no han tenido acceso a una hipoteca o a un alquiler y otros han enfrentado un desahucio y no han contado redes familiares o de apoyo, personas que las Administraciones deben de ayudar a salir adelante, eso sí volviendo al primer párrafo de este escrito, estableciendo una normas para poder acceder a unas viviendas sociales acordes a las circunstancias de cada familia y que no sirva el TODO VALE.
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