El edificio municipal acumula tres procedimientos abiertos —dos sobre la titularidad y uno por desalojo— y su futuro queda supeditado a la resolución de los tribunales.
Expresan su preocupación por la percepción de los ciudadanos y critican que el proyecto haya sido impuesto, privando a los vitorianos del derecho a preservar las campas para futuras generaciones.
También se ha anunciado un ligero ajuste en la ubicación del laberinto para alejarlo de las urbanizaciones cercanas, sin afectar la esencia del proyecto ni los plazos de ejecución.
Los locales que no respeten las regulaciones, en particular aquellos que provean alcohol a menores de 18 años, serán supervisados y penalizados según la ley actual.
El sindicato CCOO denuncia más de 55 despidos en Álava desde el preaviso electoral para constituir un comité de empresa y traslada el caso a la Inspección de Trabajo
