Las personas que allí viven han sido acusados de delincuentes y de traficantes de droga por varios medios de comunicación, algo que según ha declarado el Seguridad Ciudadana de Vitoria a esta redacción es falso ya que no ha existido ninguna denuncia ni intervención por parte de los uniformados en estos temas. También nos lo han desmentido las propias vecinas.
Ante esta circunstancia, esta redacción se ha puesto en contacto con dichas personas -que nos han pedido que no desvelemos su identidad- para saber su versión de los hechos y comprobar si es cierto todas las cosas que se han dicho sobre ellos.
En primer lugar nos han dejado claro que no tienen nada que ver con el movimiento Okupa de la ciudad, y que su decisión de vivir en esta manzana es por total necesidad. Otra de las declaraciones que han echo a GasteizBerri.com es que hay menores y que ante esta situación, en el caso de que se produjera el desalojo, no tendrían a donde ir. Cabe recordar que la justicia no permite realizar alzamientos en el caso de que haya menores o personas con problemas. Si Ensanche 21 lleva a cabo el desalojo, estaría cometiendo una ilegalidad.
También nos han declarado que no se les permite empadronarse, algo que les trae muchos problemas a la hora de buscar un colegio para los menores que allí residen -que si acuden al colegio- o la elección del centro de salud. No hay que olvidar que prohibir el empadronamiento también es ilegal.
Otra de las mentiras que se está expandiendo es la de aplicar la ley de desalojo exprés. Esta norma sólo ampara que se pueda aplicar en viviendas de titularidad privada o de ONGs, nunca se podrá aplicar a viviendas de propiedad pública o de empresas financiadas con dinero público, como en este caso.
En el caso de que se produzca el desalojo tal y como lo está anunciado el equipo de gobierno -PNV y PSE- y el Partido Popular, estarían burlando la ley, algo que les podría traer muchos problemas al Ayuntamiento. Los desalojos de ocupas llevan un complejo proceso: en primer lugar se tendrá que presentar una denuncia en los juzgados para que después, con la orden en la mano, se mande a la Policía para su identificación individual. Tras este paso, dichas personas tendrán que ser llamadas a declarar en un juicio, nunca podrán ser llamados a ir en grupo. La decisión del juez tendrá que ser comunicada de manera individual. La sentencia podrá ser recurrida y podría alargarse en un periplo que podría acabar en el Tribunal Constitucional. Cualquier decisión, recordamos, tiene que ser firmada por todo el Consejo de Administración de Ensanche 21.[/mpc_textblock]
