Este lunes comienza el debate en el Ayuntamiento de Vitoria para aprobar los próximos impuestos y tasas. Para que el Gobierno pueda sacar adelante su propuesta es necesario el apoyo de un concejal externo ya que se necesita una mayoría.
El plan del Gobierno municipal (PNV y PSE) es aumentar el precio de 14 precios públicos. En concreto, se plantea una actualización del 1%, en consonancia con la evolución del IPC anual, tanto para cuatro impuestos locales (IBI – vehículos – plusvalía – IAE) como para 22 tasas (entre ellas las licencias urbanísticas, la tasa de veladores o las relativas al uso centros socioculturales) y 14 precios públicos (escuelas infantiles, escuela de música, academia de folklore,…). El tipo de gravamen del impuesto de construcciones, instalaciones y obras quedará sin cambios. Con ello se pretende armonizar la evolución de la mayor parte de tributos municipales a la evolución del gasto corriente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Esta propuesta no ha gustado del todo a la oposición, quienes han admitido que una subida es necesaria pero en un porcentaje inferior al 4% propuesto y que afectaría a la OTA, recogida y eliminación de residuos, la tasa de vertido y tratamiento de residuos, la tasa por servicios funerarios, el precio por uso de las instalaciones deportivas, el precio de actividades y cursos en centros municipales, la tasa por el uso de determinados equipamientos y la tasa por cesión de construcciones en el cementerio.
EH Bildu apuesta por una fiscalidad justa y equitativa que equipare el esfuerzo fiscal de familias y empresas. El partido ha presentado una serie de propuestas calificadas como “una oportunidad para Gasteiz. Una oportunidad de aplicar una fiscalidad más justa, equitativa, realista y equilibrada que garantice los derechos económicos y sociales básicos a la ciudadanía gasteiztarra”.
La apuesta por la equidad es una de las líneas maestras de EH Bildu en esta propuesta que plantea una equiparación para personas y empresas del 2,5% tanto en el IAE como en la tasa de basuras. Una medida resultante de una media entre el 1% que plantea el gobierno en impuestos como el IBI o el IAE y el 4% que propone para tasas como la de las basuras. De esta manera los ingresos serían iguales a los que busca el gobierno, con la diferencia de que se baja la presión fiscal a las familias y se les incremente, levemente, a las empresas. Además y en cuanto al IBI, EH Bildu mantiene su firme propuesta respecto a los pensionistas con renta inferior a los 1080 euros para que no tengan que pagar más de 100 euros de IBI.
El Partido Popular defiende una propuesta fiscal “justa” para que “familias y negocios” paguen menos impuestos en 2020. Ponen sobre la mesa sus dos principales prioridades: bajar la presión fiscal tanto a familias y clases medias como a negocios, comercio, pymes y al sector económico de Vitoria que sustentan el tejido productivo. En el ámbito de “apoyo a las familias”, el PP reclama “congelar” el Impuesto de Vehículos frente a la subida del 1% planteada por el PNV y el PSE. En este tributo, los populares quieren, además, incorporar la Renta Familiar Estandarizada para que las familias numerosas tengan más bonificaciones. También reclaman introducir el mismo sistema de cálculo en el Impuesto de Construcciones para aquellas familias que realicen obras de Rehabilitación en sus viviendas.
Entre las medidas en beneficio del sector económico, el PP pide “subida 0” para las licencias de apertura para favorecer a quienes quieren abrir nuevos negocios y también en las reservas de salas para Congresos y eventos en Villa Suso y el Europa, con el objetivo de contribuir a la atracción de nuevos eventos de ciudad y congresos. También reclaman la congelación del IAE.
Desde Elkarrekin Vitoria-Gasteiz piden una equidad fiscal, es decir, que las empresas tengan la misma presión fiscal que el PNV ha planteado a las familias. Esto es, subir el 4% en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), lo que supondría recaudar como mínimo 600.000€ más. Además, la coalición quiere avanzar en fiscalidad verde proponiendo incluir bonificaciones para empresas que incentivan la movilidad sostenible entre sus trabajadoras, un incremento en el impuesto para los vehículos más contaminantes, y bonificaciones para quienes se sumen a programas de compostaje comunitario y reducción del uso de plásticos. La última de las premisas será extender la bonificación para familias monomarentales, que ya existe en la tasa de residuos, al resto de tasas.