Según el borrador de los presupuestos que hace unos días presentó el Gobierno central, Euskadi y Navarra recibirán 356 millones de euros para la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV). Por el momento es un borrador que tiene que ser sometido a votación el el Congreso de los Diputados de Madrid en busca de los apoyos suficientes para poder sacarlos adelante.
Estos presupuestos, que se harían efectivos en 2021, recogen que en el caso de la CAV es el 51.5% del total que recibirá; 294 de 570 millones. En el caso de Navarra, la cuantía podría ser de 62 de 87 millones (el 62.67%).
Pese a que a día de hoy se está viviendo una crisis económica y social sin precedentes, ambos gobiernos autonómicos van a seguir adelante con su construcción gracias al dinero que han pedido al Fondo Europeo de Reconstrucción. En el caso de Euskadi, la cantidad solicitada es de 2.710 millones de euros.
Reacciones
Desde la Iniciativa Orain Ardura-Ahora Responsabilidad señalan que “parece que al gobierno central no se le ocurre mejor fórmula para salir de la crisis que destinar más de la mitad del presupuesto destinado a Euskadi y Navarra en seguir financiando una infraestructura inútil, destructora y despilfarradora” al mismo tiempo que señalan que “los gobiernos autonómicos siguen empecinados en la construcción” de la alta velocidad. También apuntan que “mientras asistimos a un empobrecimiento generalizado de la población, con tasas de paro más que preocupantes, recortes en sectores básicos, con hospitales al borde del colapso, con residencias de ancianos al límite, con sectores económicos como la hostelería y la cultura que tienen que bajar la persiana y con la previsión de nuevos confinamientos generalizados que no harán más que empeorar una vez más la crisis sistémica que estamos sufriendo, seguir con las obras del TAV supone seguir hundiéndonos más en un pozo del que difícilmente vamos a poder salir”
Por ello han reclamado “un mínimo de racionalidad en medio de este caos. Solo pedimos que paren esta obra irracional y que los fondos se destinen a lo que realmente importa, es decir, a reforzar el sistema público para mantener unas condiciones de vida dignas, asegurando empleo, sanidad, enseñanza, pensiones , vivienda, servicios sociales y cuidados de calidad para toda la población. En definitiva, que se ponga la vida y la supervivencia de la población en el centro de la política”.