OPINIÓN
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Trabajo abre expediente contra el TUS por contratación de 50 empleados en fraude de ley
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria ha incoado un acta de infracción a la empresa pública Transportes Urbanos de Santander (TUS) por «fraude del ley» al mantener a 50 conductores con contratos eventuales «por circunstancias de la producción», cuando en realidad están cubriendo una necesidad «estructural» de falta de personal.
Así lo ha revelado CC.OO, con base en un informe de inspección en el que la Inspección responde a la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato sobre la denuncia de que el TUS estaba acudiendo a la figura de contratación temporal para «atender exigencias estructurales».
La Inspección indica que la contratación de 46 trabajadores ha respondido a «necesidades estructurales de personal en la empresa», es decir, un motivo que «no es imprevisible», porque «la necesidad de personal es continua» y la plantilla actual es «insuficiente para atender las necesidades del servicio y la actividad es sostenida en el tiempo».
El responsable de Corporaciones Locales de FSC-CCOO en Cantabria, asegura que este informe debe servir para que la empresa pública proceda a abrir una convocatoria pública de empleo.
Hay que esperar a la resolución judicial de una docena de casos de trabajadores que ya han acudido a la Justicia, pero lo que hace la Inspección es verificar y confirmar lo que nuestros delegados venían denunciando». Mientras, la Inspección de Trabajo ha procedido a incoar un acta de infracción a la empresa.
Esto que se ha visto que ha sucedido en Santander, también ha sucedido en Tuvisa desde el año 2017 ha realizado casi un centenar de contratos de ese tipo y a pesar de las muchas denuncias presentadas, la “señora” Inspección de Trabajo se limita siempre a decir “no procede en relación con los hechos denunciados actuaciones inspectoras complementarias”, con todo esto no deja otra salida que ir a los Juzgado de lo Social.
Hace unos días ya se denunció mediante una nota de prensa lo que está sucediendo en Tuvisa donde desde el 2018 la Justicia ha reconocido cerca de una docena de contratos en fraude de ley, si Sres. del Ayuntamiento no mientan, las sentencias lo dicen bien «clarito» «el contrato juzgado fue suscrito en fraude de ley y en consecuencia se declara que la relación laboral del denunciante con Tuvisa es de indefinido no fijo» y obviando que quien dictamina que es un fraude de ley es la Justicia y no como se apresuraron a decir «todas las contrataciones que se realizan por parte de Tuvisa son acordes a la legalidad».
Esto ha supuesto que haya trabajadores y trabajadoras que estando en bolsa de contratación en puestos más allá del 500 hayan conseguido ese tipo de contrato, dejando por el camino personas que incluso han hecho una OPE, estén en el paro, pero está claro que la justicia ha declarado nulos sus despidos y en muchos casos con unas cantidades importantes por la indemnización y por salarios de tramitación, por cierto que es «dinero público».
Esta empresa como «adicta al fraude de ley», hay que exigir responsabilidades tanto políticas, como para los Responsables de la empresa, donde parece que «cabezas hay muchas, pero cerebros pocos» y que hay que calificar como «un grupo de incapaces que creen que, en estos tiempos, pueden seguir perpetuando su nefasto modelo de gestión caracterizado por el caos y, en cierto modo, por la desidia» y por una «voluntad» que hace que no se sepa realmente lo que pretenden hacer con Tuvisa.
Al respecto, existe un «déficit de personal, a duras penas cubierto con esta fórmula de contratación fraudulenta, al realizar contratos eventuales por circunstancias de la producción», mientras que lo que debería de hacer es consolidar los puestos de trabajo con la realización de las oportunas OPEs, que la última que se realizo fue en el 2013 y solo para conductores-perceptores.
Y mientras pasa todo esto la empresa sigue con la «fijación y el empecinamiento», de que cualquier reclamación pase por los juzgados, y la verdad que son tantas que la justicia debería de tomar nota y sancionar por «actuar de mala fe» a la empresa por obligar a denunciar temas ya juzgados, por ejemplo hay Secciones Sindicales que en el año 2019 tuvieron cerca de la treintena de juicios, si en un año, es una «barbaridad».
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