El Gobierno Vasco ha dado luz verde este martes al nuevo Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, “una propuesta más ágil, moderna y clara con la que se pretende ampliar coberturas y mejorar cuantías, simplificar y agilizar la gestión y lograr una mayor eficacia en la inclusión social y laboral de la ciudadanía vasca”, según ha anunciado la Vicelehendakari y Consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia.
La sailburu ha destacado que durante los últimos meses ha atendido las sugerencias y aportaciones de instituciones, colectivos, sindicatos, grupos parlamentarios e incluso de los propios beneficiarios, y que ahora inicia su tramitación parlamentaria para su debate y aprobación definitiva. “Llega con un amplio consenso desarrollado a lo largo de la pasada legislatura, y tras haber superado un riguroso procedimiento interno con todos los informes preceptivos” ha señalado.
“La Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión parte de un modelo que ha tenido éxito durante tres décadas, un sistema de protección que se ha demostrado eficaz para mitigar las bolsas de exclusión social y cuyo uso ha tenido un impacto positivo en el conjunto de la sociedad”.
La nueva ley:
- Integra el Ingreso Mínimo Vital en el modelo vasco de garantía de ingresos
- Amplía la cobertura del sistema y mejora la suficiencia de las cuantías garantizadas, especialmente donde hay menores.
- Simplifica y agiliza la gestión de las prestaciones económicas, con una mayor seguridad jurídica y mejorando las herramientas de identificación y control.
- Busca más eficacia en la inclusión social y laboral, fundamentalmente mediante el trabajo coordinado de los Servicios Sociales y de Empleo.
- Mejora la gobernanza del Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, con mayor coordinación entre administraciones.
- Facilita la participación del Tercer Sector de acción social.
En definitiva, mejora en todas las situaciones vulnerables. En el caso de familias con menores hasta un 40% y en el caso de pensionistas hasta un 17%, y ofrece mejor cobertura en el caso de mujeres maltratadas o explotadas, personas con discapacidad, personas refugiadas y víctimas de terrorismo que se vieron forzadas a partir y quieran regresar.
