La iniciativa «Lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik» ha generado una destacada movilización ciudadana en torno al Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables (PTS EERR), impulsado por el Departamento de Arantxa Tapia en el Gobierno Vasco. Miles de personas han manifestado su respaldo a una alegación popular que ha cobrado fuerza en diversas localidades durante las últimas semanas. Además, numerosos actores, como ayuntamientos, grupos de defensa de la naturaleza, asociaciones, sindicatos agrarios, colectivos sociales y afectados directamente, han presentado documentos de alegaciones más detallados señalando preocupantes irregularidades en la tramitación del Plan.
Una de las principales críticas es la falta de consideración de aspectos ambientales cruciales y la presunta contradicción con objetivos de protección del medio ambiente, biodiversidad, ecosistemas agrarios y paisaje, establecidos en las Directrices de Ordenación del Territorio y los planeamientos municipales y territoriales. La sociedad ha mostrado su preocupación ante el potencial impacto negativo que podría conllevar el desarrollo de macroproyectos de producción industrial de energía eólica y fotovoltaica, que, según denuncian, favorecerían únicamente a grandes empresas energéticas y fondos de inversión.
El elevado número y la calidad de las alegaciones presentadas reflejan una amplia respuesta social, a pesar de que se haya cuestionado el momento de hacer pública la información del PTS EERR durante las elecciones municipales y forales, sugiriendo que esto podría haber buscado limitar la participación pública y el pronunciamiento de los ayuntamientos y diputaciones afectadas.
Sin acceso a informes
Entre las principales cuestiones planteadas en las alegaciones se destacan el rechazo a la degradación del territorio debido a la ocupación de grandes superficies de terreno natural y rural para las instalaciones previstas en el Plan. Asimismo, se ha denunciado la falta de disponibilidad pública de informes emitidos por las administraciones implicadas y la insuficiente definición de los emplazamientos, aspectos que han levantado sospechas sobre la validez de la tramitación del Plan y sus consecuencias para las comunidades locales.
Otra preocupación relevante es la incompatibilidad del PTS EERR con normativas de protección de espacios naturales y especies silvestres, lo que podría acarrear graves impactos en la biodiversidad y los corredores ecológicos. Además, se ha hecho hincapié en la posible regresión de la normativa ambiental debido a la aceleración del despliegue de energías renovables y la restricción de trámites ambientales y participación pública.
Particularmente destacable es la discrepancia entre el PTS EERR y la «Estrategia de Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa 2050», que aboga por un modelo energético basado en la generación distribuida con renovables para autoconsumo a escala local. Esta contradicción ha suscitado debates sobre la coherencia de las políticas energéticas regionales.
La iniciativa «Lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik» ha llevado a cabo un acto de entrega de las alegaciones en la sede del Gobierno Vasco en Lakua, solicitando la desestimación del Plan y la paralización de los proyectos de centrales eólicas y solares en proceso de tramitación. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la organización de grupos y personas en defensa del territorio para mantener y fortalecer la respuesta social, que consideran urgente y necesaria en la actualidad.
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