La vida sigue igual o peor.

Debemos reconocer y enfrentar los intentos de privatización y precarización en el transporte urbano de Tuvisa.

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Fotografía cortesía de Depositphotos

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Sin visos de solución, las quejas de la ciudadanía en el buzón del ciudadano aumentan, lo que indica un descontento generalizado entre los usuarios del transporte público de Tuvisa. En los últimos meses, la tensión ha superado los límites aceptables. No es casualidad que estemos observando más problemas con los viajeros en las líneas. Los trabajadores no saben cómo abordar la situación. Cuando un autobús no sale a tiempo y llega el siguiente, es comprensible que quienes no llegan a sus destinos se muestren nerviosos. Estos retrasos generan conflictos y los conductores están en primera línea. Algunos detienen el autobús, otros piden intervención policial, y otros, aunque no es lo más recomendable, se involucran en discusiones.

La empresa presiona con una mala planificación de tiempos de recorrido. A pesar de mantener los mismos tiempos que antes de la pandemia, se jactan de un aumento en el número de usuarios. No han considerado las ayudas promovidas para el uso del transporte público y la ausencia de restricciones. Antes, en temporada alta, se usaban 10 autobuses para dos líneas, y ahora, con las líneas fusionadas, solo hay 7, con un recorrido más largo. Esto provoca que los usuarios viajen incómodamente y que los horarios establecidos a menudo no se cumplan. Los trabajadores, bajo condiciones adversas, deberían poder descansar, pero las demandas del horario les impiden hacerlo. Muchos terminan solicitando bajas médicas.

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Esta situación es un círculo vicioso. El estrés y la presión resultan en un aumento de bajas médicas, elevando el absentismo al 20%. La empresa evita hablar de estas bajas, ya que reconocerlo implicaría admitir problemas. Además, la falta de mantenimiento de los autobuses afecta la calidad del servicio. La empresa debe asumir responsabilidades cuando un trabajador está de baja.

A pesar de tener una amplia bolsa de candidatos, la empresa enfrenta una escasez de conductores. Alguien del Ayuntamiento debería investigar la causa. Los problemas se intensifican en meses calurosos, especialmente en líneas populares. El constante cambio de personal entre líneas es solo una solución temporal a un problema estructural. La congestión vehicular empeora, y la interacción con otros medios de transporte, como el tranvía, complica aún más la situación.

La falta de personal ha llevado a extender las jornadas laborales, a veces superando las 10 horas. La empresa afirma que se hace con personal voluntario, pero la salud de los trabajadores está en juego. La incorporación de nuevos conductores no es inmediata debido a los tiempos de preaviso y formación. Si se hicieran las contrataciones necesarias, el servicio mejoraría.

El nuevo concejal de Movilidad tiene un desafío por delante. Los problemas actuales reflejan una falta de compromiso y capacidad para enfrentar los desafíos de la empresa pública. Es evidente que las prioridades no son los servicios públicos, sino el posible desmantelamiento de Tuvisa. Debemos reconocer y enfrentar los intentos de privatización y precarización en el transporte urbano de Tuvisa.

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