Vitoria-Gasteiz enfrenta una creciente crisis de desahucios con 2.143 casos registrados entre 2013 y 2022, reflejando la insuficiente aplicación de la moratoria y un preocupante incremento en el precio de los alquileres. La situación se agrava con la práctica de desahucios extrajudiciales y la precariedad que enfrentan los arrendatarios ante los abusos de algunos propietarios.
Según los datos del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, los últimos datos sobre la crisis habitacional en Vitoria-Gasteiz y Euskadi revelan un panorama desalentador. A pesar de las medidas implementadas, como la moratoria de desahucios destinada a paliar los efectos de la crisis económica, la realidad muestra que estas no han sido suficientes ni efectivas en gran medida.
En Vitoria-Gasteiz, se han ejecutado 2.143 desahucios por la vía judicial desde 2013 hasta 2022, lo que supone un ritmo de uno cada dos días. Esta cifra evidencia un problema estructural que la moratoria no ha conseguido frenar, ya que el 70% de los casos procesados judicialmente no se han visto beneficiados por esta medida.
Además, los procedimientos de desahucio por alquiler han continuado en aumento. Solo en 2021, en Vitoria-Gasteiz se presentaron 309 demandas de desahucio derivadas del alquiler, afectando al 2,33% de los hogares en alquiler. La espera por la ejecución de al menos 1.000 desahucios atrasados debido a la moratoria entre 2020 y 2023 anticipa un futuro complejo para muchas familias una vez se levante la medida.
El precio medio de una vivienda en alquiler en Vitoria-Gasteiz ha experimentado un aumento significativo, pasando de 198 euros mensuales a 678 euros por 60 metros cuadrados en 2023, lo que representa un 63% del Salario Mínimo Interprofesional para una familia promedio. Este incremento ha exacerbado la vulnerabilidad de muchas familias, que ven cómo una parte sustancial de sus ingresos se destina al pago del alquiler.
La situación se complica con la aparición de desahucios extrajudiciales e invisibles, fruto del incremento incesante de las rentas y el auge de modalidades de arrendamiento no reguladas, como los alquileres de habitaciones y de temporada, que ofrecen menos garantías a los inquilinos y facilitan prácticas abusivas por parte de los arrendadores.
Alokabide, la entidad encargada de la gestión de viviendas de protección oficial en Euskadi, comunicó 130 demandas de desahucio y 61 lanzamientos en 2022, además de un aumento en los casos de impago de renta y suministros, lo que sugiere una creciente bolsa de desahucios pendientes.
Estas cifras, junto con el testimonio de organizaciones como el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, que señala que 1 de cada 5 casos atendidos corresponde a alquileres irregulares o sin contrato, dibujan un escenario de urgente necesidad de intervención para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible.
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