
Telefónica ya ha desconectado sus centrales de cobre en todo España, poniendo fin oficialmente al servicio de ADSL. Esta medida se enmarca dentro de su estrategia para convertir completamente su infraestructura de red fija en fibra óptica. Sin embargo, el despliegue de la fibra no ha alcanzado aún a todas las áreas, dejando a varias zonas, incluyendo Vitoria-Gasteiz, sin cobertura. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vitoria está barajando la posibilidad de pagar a las operadoras para que instalen fibra óptica en todos los portales donde aún no llega este servicio.
En el Casco Viejo de Vitoria, la protección de los edificios históricos ha complicado la instalación de la fibra óptica, dejando a muchos residentes sin acceso a internet de alta velocidad. Para abordar esta deficiencia, el Ayuntamiento propuso inicialmente una medida excepcional: permitir la instalación de fibra óptica a través de las fachadas de los edificios, una práctica normalmente restringida por el Plan Especial de Rehabilitación Integrada.
Esta situación ha llevado al Ayuntamiento a considerar otras opciones, incluyendo la financiación de la extensión de la fibra óptica para garantizar que ningún edificio se quede sin conexión. Según informes del departamento de urbanismo, actualmente se están evaluando las necesidades de intervención específicas, y se mantienen reuniones con Telefónica para definir un plan de acción.
A nivel provincial, la inversión en infraestructura digital no se ha limitado a la ciudad. La Diputación de Álava ha invertido más de tres millones de euros para llevar la fibra óptica a las zonas rurales de la provincia. Asimismo, en 2020, el Gobierno Vasco anunció ayudas para que los operadores de telecomunicaciones expandan la red a 4.710 viviendas y caseríos, con Telefónica a cargo de estas instalaciones.
El cierre de las centrales de cobre y el fin del ADSL han destapado una cobertura irregular de la fibra óptica, creando «sobras» de cobertura en áreas donde el despliegue aún no es completo.
Telefónica, designada por el Gobierno en 2024 como la empresa encargada del servicio universal de telecomunicaciones, está obligada a llevar servicio telefónico y sus derivados a cualquier parte del país.
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