OPINIÓN
Hace una semana Facebook me asaltó con un recuerdo. Lo normal es obviar la sugerencia y seguir con tu día como si no hubiera pasado, pero esta vez fue algo diferente. Nueve años atrás tuve la suerte de ser elegido concejal de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y ahí estaba la página de Zuckerberg para que no lo olvidara.
Empecé a echar la vista atrás intentando acordarme de las cosas que hice (hicimos) en el grupo municipal. Rápido se viene a la cabeza la salida de Maroto y su discurso racista, las peticiones de bajadas de sueldo del Pleno, la aprobación del primer presupuesto del mandato Urtaran o la negativa a que ni un euro público financiara la ampliación de Mendizorroza. Otras cuestiones cuestan un poco más rememorarlas, pero rebuscando caí en que hace seis años nos adelantamos a nuestro tiempo y estuvimos hablando de lo que hoy es actualidad.
El Ayuntamiento de nuestro querido municipio (al igual que cualquier otra institución) dispone de un presupuesto anual de algo menos de medio millón de euros para campañas publicitarias, hasta ahí nada raro. La cuestión es cómo se reparte y en base a qué criterios. En 2018 parte del personal técnico que teníamos en el grupo expresó sus dudas con respecto a este tema y preguntamos a la concejala delegada del departamento de Alcaldía por escrito.
La respuesta fue que todo se regulaba mediante concurso público bienal en el que una empresa gestionaba la contratación de los espacios publicitarios. Así que, tocaba leer las bases de la licitación pública y fiscalizar su ejecución. El contrato tenía varios claroscuros: no se incluían todos los medios que son referencia en la ciudad o no se especificaban los criterios a seguir para repartir los anuncios. Cuando pregunté a la técnica municipal asignada, tampoco me supo dar respuestas concretas.
Era todo ambiguo. Me quedé con la impresión de que se había diseñado un escenario perfecto para poder disponer de cientos de miles de euros en publicidad y repartirla entre quienes quisieras, sin tener que dar muchas explicaciones y que todo sea perfectamente legal. Había que regular este despropósito mediante una ordenanza que garantizara el derecho informativo de la ciudadanía, que eliminara los intermediarios y pasara a ser gestionado directamente. Efectivamente, tuvimos nulo éxito.
Todo lo que les acabo de contar tiene una evidente conexión con el presente, también en el ámbito cercano. A diario conocemos ayuntamientos o gobiernos de diferente territorialidad que riegan a medios de comunicación afines con miles de euros en publicidad. ¿A cambio de qué? No nos engañemos, todos lo sabemos: silenciar o ridiculizar a la oposición, colocar noticias ventajosas para el gobierno de turno y esconder otras, no tener una voz crítica…
Se puede optar por hacerlo de manera más evidente y seguir la doctrina Isabel Díaz Ayuso convirtiendo directamente la publicidad institucional en propaganda partidista (la partida presupuestaria subió de doce a veintisiete millones y la proporción gastada entre medios afines y no afines es de siete a uno) o se puede hacer de manera más sigilosa, casi imperceptible. Les explico.
Primero, dificulto el acceso a la información. Todo lo que gasta una institución pública debiera estar colgado en su Portal de transparencia con cierta rigurosidad. De nada sirve que los datos tarden meses en estar disponibles. En este caso, como en muchos otros, es fundamental poder relacionar en el tiempo qué se dice, cómo se dice y si hemos (no olvidemos, es dinero de toda la ciudadanía) por ello. Segundo, acción directa.
Como los criterios de asignación de espacios publicitarios son ambiguos, la discrecionalidad al elegir es grande. Y ahora les pongo el ejemplo cercano. En el Portal de Transparencia del Vitoria-Gasteiz no están colgados los datos del año 2023 sobre reparto de la publicidad institucional.
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INFORMACIÓN DEL AUTORJORGE HINOJAL
Concejal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entre 2015 y 2019
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