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    Una jueza investiga por acoso laboral y prevaricación a Gurtubai, Armentia y Haro

    La excomisaria Marian Vidaurre ha presentado una querella criminal por acoso laboral, prevaricación e injurias contra tres cargos municipales tras su cese en la Policía Local de Vitoria.

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    Iñaki Gurtubai, actual diputado de Igualdad y exconcejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, hablado en el atril durante una comparecencia a los medios

    La excomisaria de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz, Marian Vidaurre, ha denunciado al exconcejal de Seguridad Ciudadana, Iñaki Gurtubai (PNV); al concejal de Función Pública, Jon Armentia (PSE); y al director municipal de Seguridad, José Antonio Haro. El Juzgado de Instrucción número 1 ha admitido a trámite la querella criminal y ya ha fijado fecha para que los tres investigados declaren durante el mes de julio.

    La jueza instructora, Anto Blanco, ha visto indicios suficientes para investigar cuatro posibles delitos: prevaricación administrativa, injurias con agravante de publicidad, desobediencia cometida por autoridad y acoso laboral. Gurtubai figura como investigado por todos ellos. Armentia lo está por desobediencia, y Haro, por acoso laboral.

    Una querella de 34 páginas y más de 800 folios

    La denuncia presentada por Vidaurre incluye 34 páginas de argumentación legal y cerca de 800 folios de documentación: mensajes internos, correos electrónicos, órdenes de servicio, fichas policiales y recortes de prensa. Su abogado, Carmelo Pascual, sostiene que el cese fue “arbitrario” y que estuvo rodeado de “falsedades y escarnio público”.

    En su escrito, Vidaurre rechaza una a una las acusaciones utilizadas por Gurtubai para justificar su destitución el pasado 7 de noviembre. El exconcejal habló entonces de “falta absoluta de idoneidad”, “tendencia a derivar trabajo”, “enfrentamientos con subcomisarios”, “escasa disponibilidad” y “ineficacia en la gestión”. Vidaurre sostiene que todas estas afirmaciones son falsas.

    Jon Armentia, actual concejal de Hacienda y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

    Pruebas y mensajes que contradicen las acusaciones

    La querella incluye pruebas que desmienten los motivos del cese. Sobre la supuesta delegación excesiva, Vidaurre presenta informes que acreditan que durante varias jornadas asumió simultáneamente las funciones de comisaria y subcomisaria por falta de personal. Frente a la acusación de escasa disponibilidad, aporta fichas que demuestran su intervención en operativos en la calle. Sobre la supuesta autonomía excesiva, muestra docenas de mensajes dirigidos a sus superiores.

    También desmiente que ignorase mensajes en vacaciones. “El concejal sabía perfectamente que, durante los períodos vacacionales, la disponibilidad se delega en un sustituto”, afirma. Aclara que, pese a estar de vacaciones en agosto y octubre de 2024, estuvo “disponible por teléfono y correo electrónico cuando fue necesario”.

    Una cláusula dirigida a bloquear su retorno

    Vidaurre asegura que el nuevo proceso de selección para cubrir el puesto de comisario incluyó una cláusula “diseñada solo para perjudicarla”, ya que excluye a personas que hayan sido revocadas por “informes de no aptitud”. Según su denuncia, “no existe ningún informe técnico que lo justifique”. El único documento existente “lo redactó el propio Gurtubai, que no tiene competencias técnicas”.

    La excomisaria, que accedió al cargo tras ganar dos sentencias judiciales contra el Ayuntamiento, denuncia un intento deliberado de dañar su carrera profesional y su reputación. “Primero cuestionaron públicamente mi capacitación profesional con argumentos falsos, y ahora me excluyen inventándose una condición que no tiene base legal”, declara en el escrito.

    EH Bildu exige explicaciones

    Durante la comisión municipal celebrada este miercoles, el concejal de EH Bildu, Alberto Porras, ha exigido explicaciones al gobierno municipal y ha denunciado la gravedad de los hechos. “Se investiga el despido de una persona que fue comisaria tras ganar dos juicios y que, a pesar de reunir todos los requisitos, fue cesada en apenas cuatro meses”, ha afirmado.

    Porras ha preguntado si el Ayuntamiento asumirá la defensa de Gurtubai, que ya no forma parte de la plantilla. El actual concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa, ha respondido que “no tiene acceso al contenido de la denuncia” y que “el procedimiento fue correcto jurídicamente”.

    Ante esa respuesta, Porras ha replicado: “No es mi relato. He leído literalmente las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el auto de la jueza. Si usted no conoce este caso siendo jefe del departamento, igual es una dejación de funciones”.

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