El Palacio Álava-Esquivel, ubicado en la calle Herrería de Vitoria-Gasteiz, ha vuelto a centrar el debate político en la Comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda. Este lunes, los grupos de Elkarrekin y EH Bildu han denunciado la falta de avances por parte de la municipalidad de Tánger, propietaria del inmueble desde hace años, a pesar de múltiples requerimientos y sanciones por su deterioro.
Óscar Fernández (Elkarrekin) ha recordado que el edificio lleva más de diez años con redes de protección por riesgo de desprendimientos, y que su propiedad —la municipalidad de Tánger— no ha cumplido con las órdenes de ejecución emitidas por el Ayuntamiento. “Se paró en la novena multa coercitiva”, ha lamentado, y ha criticado que no se haya iniciado una ejecución subsidiaria ni la vía de expropiación.
Según Fernández, “la municipalidad de Tánger debe al Ayuntamiento en torno a 453.400 euros”, y considera inaceptable que “vivamos esta situación en uno de los palacios más emblemáticos del Casco Histórico, donde además viven personas”.
Reuniones sin avances y sospechas de especulación
El concejal ha explicado que en febrero de 2024 se reunió la alcaldesa con su homólogo de Tánger y se creó un grupo de trabajo. Sin embargo, desde entonces no se han dado pasos públicos. “Lo único que sabemos es que hace un año se habló de un ‘puente cultural’ y que hace seis meses se comprometieron a hacer arreglos básicos”, ha afirmado.
Además, ha denunciado que el nuevo PERI contempla un “uso alternativo terciario” para el palacio, lo que permitiría incluir actividades como comercios, oficinas o sucursales bancarias. “Esto abre la posibilidad de una situación, si se me permite, especulativa”, ha advertido Fernández, señalando que el cambio de uso urbanístico podría usarse para financiar las obras “con recursos externos”.
EH Bildu exige claridad y retomar la vía de la expropiación
Xabier Ruiz de Larramendi (EH Bildu) ha expresado su frustración por “la falta absoluta de novedades”, recordando que “el primer apercibimiento fue en 2007”. Ha criticado que durante años ni siquiera hubo interlocutor por parte de Tánger, y ha exigido retomar las sanciones: “Ya no estamos para seguir dando un cheque en blanco”.
Bildu ha pedido que se imponga la décima multa coercitiva y se abra la vía a la expropiación, “que ya contaba con respaldo técnico desde 2024”, en referencia a una investigación universitaria.
Respuesta del Gobierno municipal
El concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez (PSE), ha confirmado que en el último año se han mantenido tres reuniones con representantes de Tánger. “La situación no es sencilla”, ha señalado, citando problemas con las titularidades, la falta de actuaciones concretas y la presencia de residentes en el inmueble.
Rodríguez ha defendido que “no ha habido inacción, sino búsqueda activa de una solución que no nos lleve a conflictos, incluso diplomáticos innecesarios”, aunque ha reconocido que “no disponemos de un calendario de actuaciones por parte del Consejo Municipal”. Por ello, ha anunciado que si antes de final de 2025 no hay avances tangibles, “se procederá a la imposición de la décima multa coercitiva y, si fuera necesario, se explorarán otras vías”.
Sobre la crítica por el uso terciario del edificio, ha matizado que “no se trata solo del Palacio Álava-Esquivel”, sino que el nuevo PERI incluye este tipo de usos en otras zonas del Casco Histórico, como Herrería, Zapatería o Pintorería.
