El conflicto histórico por el Condado de Treviño ha entrado en una fase de máxima presión institucional. El diputado general de Álava, Ramiro González, ha dado un golpe de timón en el Pleno de las Juntas Generales al anunciar que el actual acuerdo de prestación de servicios con Burgos se renovará «por última vez» para culminar en los próximos cuatro años el proceso de integración oficial del enclave de Treviño en Álava.
González ha sido categórico: ha fijado un ultimátum tácito, señalando que la situación actual es «demasiado cómoda» para la Diputación de Burgos, que «no tiene que prestar servicios y tampoco da pasos hacia la integración».
La confrontación del ultimátum económico
Para forzar un avance antes del plazo de 2029, el diputado general ha anunciado medidas de presión concretas sobre la financiación de Treviño. El Gobierno foral mantendrá únicamente los convenios relativos a los servicios esenciales dirigidos a las personas (educación, sanidad), pero dejará sin efecto otros dos acuerdos firmados con Burgos en 2017 que afectaban a inversiones. González ha justificado que estos gastos «debería ser Burgos quien los asumiera».
El Pleno ha servido para que Álava responda al reciente endurecimiento de la postura burgalesa. González ha criticado la «actitud inmovilista» del Gobierno de Burgos y ha rechazado normalizar una situación que considera excepcional, exigiendo que se respete la voluntad de los habitantes del enclave de Treviño.
La tensión se ha exacerbado tras las «declaraciones inaceptables» de diputados burgaleses —y especialmente de su presidente—, quienes cuestionaron los fueros de Álava y pidieron «que les dejen en paz».
«El objetivo era que los convenios se mantuvieran solo mientras se avanzaba en el proceso de integración de Treviño en Álava. Burgos reconoció entonces que la situación era excepcional», ha recordado González.
Apoyo político al final de la excepcionalidad
La posición de la Diputación Foral cuenta con el apoyo explícito de EAJ y EH Bildu. Ambos partidos han coincidido en la necesidad de «aprovechar la oportunidad abierta» para fortalecer el proceso de integración, calificando el inmovilismo de Burgos como una situación que beneficia a sus intereses.
EH Bildu ha reivindicado que el debate se aborde «con una mirada histórica, empatía y responsabilidad política» y ha advertido de que «no adoptar medidas no es una opción». El apoyo de estos grupos es fundamental para la postura del Gobierno, especialmente tras la formación de una mesa de partidos en Treviño a favor de la integración, que demuestra el sentir mayoritario en el enclave.
Con la no renovación de los convenios de inversión, Álava inicia una nueva fase de confrontación. La Diputación ha asumido el riesgo de que la situación derive en un bloqueo de servicios, pero ha dejado claro que la meta final es la integración, y que los acuerdos temporales ya no son una herramienta válida para mantener la anomalía territorial.
