El Palacio Álava-Esquivel ha vuelto este lunes al debate municipal por la falta de una solución definitiva entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el municipio de Tánger, propietario del inmueble. EH Bildu y Elkarrekin han preguntado al Gobierno municipal si habrá acuerdo antes de que termine junio o si se activará la décima sanción coercitiva.
Xabier Ruiz de Larramendi ha recordado que el Pleno aprobó en diciembre una hoja de ruta para intentar desbloquear la situación del palacio. Esa hoja de ruta contemplaba tres vías posibles, el acuerdo entre ambas partes, las sanciones coercitivas y la expropiación, con el primer semestre de 2026 como plazo para intentar cerrar una solución pactada.
EH Bildu ha advertido de que ese plazo está a punto de terminar. Ruiz de Larramendi ha pedido que, si el 1 de julio no hay acuerdo, el Ayuntamiento imponga la décima y última multa coercitiva prevista por la Ley de Suelo y Urbanismo, después de años de requerimientos sin que se haya resuelto la situación del edificio.
Elkarrekin también ha reclamado pasos concretos. Óscar Fernández ha recordado que el expediente de reparación del inmueble está abierto desde finales de 2018 y que el Ayuntamiento ya tuvo que colocar y reforzar una malla protectora para evitar que posibles desprendimientos cayeran a la vía pública. También ha subrayado que, a diferencia de otros palacios deteriorados, en el Álava-Esquivel vive gente.
Cuatro entrevistas. Cuatro miradas sobre Vitoria.
Garbiñe Ruiz
Rocío Vitero
Iñaki García Calvo
Beatriz Artolazabal
Uno de los datos más relevantes del debate ha sido la deuda pendiente. Fernández ha señalado que la Municipalidad de Tánger debe ya 491.481,71 euros al Ayuntamiento entre multas coercitivas, intereses y otros conceptos. El concejal ha defendido que, si no hay avances, debe imponerse la décima multa y estudiarse la vía de la expropiación con informes técnicos y jurídicos.
Borja Rodríguez ha respondido que las autoridades marroquíes se han comprometido a contestar antes de que termine junio sobre la rehabilitación del edificio y la liquidación de la deuda. El concejal de Urbanismo ha defendido mantener abierta la vía del diálogo hasta agotar el plazo y ha señalado que el objetivo del Gobierno municipal no es “sancionar eternamente”, sino lograr una solución que permita recuperar el edificio.