![Museos de Álava](https://gasteizberri.com/wp-content/uploads/2026/06/Vitoria_970x250-bizigune-EUSK.gif")
La UCO menciona una posible gestión con un miembro no identificado del PNV en el rescate público de Tubos Reunidos. El dato aparece en la investigación del caso Leire, que revisa la ayuda de 112,8 millones de euros concedida por la SEPI a la empresa alavesa durante la pandemia.
El documento no da nombres ni atribuye una actuación al PNV como partido. La referencia apunta al grupo formado por Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, que según la Guardia Civil pudo intermediar con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco para conseguir el rescate.
![Museos de Álava](https://gasteizberri.com/wp-content/uploads/2026/03/banner_museos_araba-2.gif")
La Guardia Civil presenta esa posible gestión como una hipótesis. El documento no acredita que esa intermediación se produjera ni concreta qué papel habría tenido la persona mencionada.
![Museos de Álava](https://gasteizberri.com/wp-content/uploads/2026/03/Copia-de-Texto-3.gif")
El rescate de Tubos Reunidos
Tubos Reunidos recibió en 2021 una ayuda pública de 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI para compañías afectadas por la pandemia.
La empresa tenía entonces una situación financiera delicada y mantenía un peso industrial relevante en Aiaraldea, con una planta histórica en Amurrio.
La UCO revisa si alrededor de esa ayuda hubo pagos por gestiones relacionadas con la tramitación del rescate. Las comprobaciones se centran en el entorno de Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández.
Una supuesta comisión de casi 115.000 euros
La UCO sospecha que esas gestiones pudieron tener como contraprestación una supuesta comisión de casi 115.000 euros.
El documento señala que ese dinero se habría canalizado a través de Mediaciones Martínez, una empresa de Zaragoza descrita como una mercantil sin empleados.
La Guardia Civil investiga si las facturas vinculadas a esa sociedad respondían a trabajos reales o si estaban relacionadas con la obtención de la ayuda pública.
Casi once horas en Bilbao y media hora en Amurrio
La UCO registró las sedes de Tubos Reunidos en Bilbao y Amurrio por orden del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional.
El registro más largo fue en Bilbao. Los agentes entraron hacia las 8.00 y salieron cerca de las 19.00, después de casi once horas dentro de las oficinas.
La Guardia Civil abandonó la sede bilbaína con varias cajas de documentación. En Amurrio, los agentes acudieron a las oficinas de la planta principal de la compañía y permanecieron allí unos 30 minutos.
Una ayuda que se habría atascado
El documento recoge que el rescate se habría bloqueado durante su tramitación. En ese contexto, Leire Díez y Vicente Fernández habrían planteado acudir a Santos Cerdán y a Antxon Alonso para intentar desbloquear la operación.
Ahí aparece la referencia al PNV. Según la UCO, la actuación del grupo pudo consistir, al menos, en intermediar con algún miembro no identificado del partido.
El documento no explica quién era esa persona, qué gestión concreta habría realizado ni si llegó a tener efecto directo en la concesión del rescate.
La reunión en Ferraz
La investigación también recoge una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 en Ferraz, la sede federal del PSOE.
En esa cita habrían estado dos directivos de Tubos Reunidos. El documento señala que pudo participar Santos Cerdán y sitúa el encuentro en el despacho del entonces secretario de Organización del PSOE.
El asunto tratado habría sido una posible amortización parcial de los intereses de la deuda de la empresa.
Por ese encuentro, Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos. La UCO investiga si ese pago estaba justificado o si tenía relación con las gestiones analizadas en la causa.
Una operación de 10 millones
La Guardia Civil también buscaba documentación sobre una operación patrimonial de Tubos Reunidos.
Según el documento, los agentes sospechan que esa operación pudo servir para desviar 10 millones de euros a la trama que la Audiencia Nacional vincula al entorno de Santos Cerdán.
La UCO no da por probado ese desvío. El registro buscaba documentación para comprobar si esa operación existió y si tuvo relación con las personas investigadas.
La parte alavesa del caso
La investigación tiene alcance estatal por la presencia de la SEPI, Ferraz, Santos Cerdán y Leire Díez. También tiene una derivada alavesa porque una de las sedes registradas fue la planta de Amurrio.
Tubos Reunidos forma parte del tejido industrial de Aiaraldea. Su situación económica afecta a una comarca donde la empresa tiene una larga presencia.
La compañía se encuentra en concurso de acreedores voluntario. Ese dato da más relevancia a las condiciones en las que se tramitó la ayuda pública durante la pandemia.
La causa deberá aclarar si hubo pagos irregulares, si las facturas respondían a servicios reales y qué relación tuvieron los investigados con el rescate de Tubos Reunidos.
