La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha registrado este jueves la planta de Tubos Reunidos en Amurrio dentro de una pieza secreta del caso Leire, la investigación sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Los agentes también han acudido a las oficinas de la compañía en Bilbao y han requerido información a la SEPI, la sociedad pública que concedió a la empresa una ayuda durante la pandemia.
La operación ha sido ordenada por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional. La causa trata de aclarar si hubo pagos o gestiones irregulares alrededor del rescate público de Tubos Reunidos. La empresa recibió en 2021 una ayuda de 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
El foco está en la relación entre esa ayuda pública y varias personas investigadas en el caso Leire. Entre ellas figuran Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso. La UCO busca documentación para comprobar si existieron intermediaciones pagadas o movimientos de dinero vinculados al rescate de la compañía.
Una ayuda pública de 112,8 millones
Tubos Reunidos fue una de las empresas rescatadas por el Estado durante la pandemia. El fondo de la SEPI estaba dirigido a compañías consideradas estratégicas que habían quedado en una situación financiera delicada por la crisis sanitaria. En el caso de Tubos Reunidos, la ayuda aprobada ascendió a 112,8 millones de euros.
La investigación revisa si aquella operación se tramitó con normalidad o si hubo personas que pudieron cobrar por intervenir en el proceso. La Guardia Civil investiga posibles pagos a la trama y una supuesta conexión entre el dinero público recibido por la empresa y quienes aparecen en el sumario.
La UCO también analiza el papel de Vicente Fernández Guerrero. Fernández presidió la SEPI y, después, trabajó como asesor de Tubos Reunidos. Esa relación posterior con la empresa forma parte de las comprobaciones abiertas por los investigadores.
En el sumario aparece una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 en la que habrían participado Santos Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos. Ese encuentro es uno de los elementos que la investigación trata de encajar dentro de la relación entre la empresa, la SEPI y la presunta trama.
La derivada alavesa del caso
El registro en Amurrio afecta a una empresa con peso industrial en Aiaraldea. Tubos Reunidos forma parte del tejido económico de la comarca y su planta tiene una larga presencia en el municipio. Por eso, la investigación tiene una lectura local además de la dimensión política y judicial del caso.
La compañía arrastra problemas financieros desde hace años. Según El País, Tubos Reunidos cerró 2025 con pérdidas de 118 millones de euros y se encuentra en concurso de acreedores. Ese contexto explica la importancia que tuvo el rescate de la SEPI para la continuidad de la empresa.
El registro de este jueves no implica una condena ni acredita por sí solo que hubiera pagos irregulares. La Guardia Civil ha buscado documentación y ha requerido información para incorporarla a una pieza que continúa bajo secreto. La Audiencia Nacional deberá determinar después si esos documentos aportan indicios suficientes.
La parte alavesa del caso queda centrada en tres elementos. El primero es el registro en la planta de Amurrio. El segundo es la ayuda pública de 112,8 millones concedida por la SEPI en 2021. El tercero es la posible intervención de personas investigadas en el entorno de aquella operación.
Qué busca la UCO
La documentación recogida por la UCO puede servir para comprobar si hubo contratos, facturas, correos o pagos entre Tubos Reunidos y personas vinculadas al caso Leire. También puede aclarar qué relación tuvo la empresa con Vicente Fernández Guerrero después de que dejara la presidencia de la SEPI y pasara a trabajar como asesor externo de la compañía.
Si los investigadores encuentran pagos o contratos vinculados a gestiones ante la SEPI, la causa podría abrir una línea más concreta sobre el rescate de Tubos Reunidos. Si la documentación no confirma esas sospechas, el registro quedaría como una comprobación dentro de una investigación más amplia.
