El Gobierno municipal ha exigido el cese de la acogida en el local vecinal de Salburua Burdinbide, donde duermen entre 20 y 30 solicitantes de asilo de origen maliense. La red que los acompaña ha advertido de que el Ayuntamiento no ha presentado una alternativa para evitar que vuelvan a la calle.
En el local hay colchones, mantas y las escasas pertenencias de quienes llevan meses utilizándolo como refugio. La orden municipal está en camino y las personas voluntarias que gestionan la acogida todavía no saben dónde podrán dormir los jóvenes cuando tengan que abandonar el espacio.
«¿Qué hacemos con los colchones y las mantas? ¿Los llevamos a la Plaza Nueva?», han preguntado este miércoles los representantes de Salburuko Harrera Sarea durante su comparecencia en el Ayuntamiento.
La red ha asegurado que acatará el requerimiento para no poner en riesgo el futuro de la asociación vecinal. También ha pedido que el Gobierno municipal explique quién comunicará la decisión a las personas alojadas y qué recurso podrán utilizar después.
El Ayuntamiento ha ordenado que cese inmediatamente la pernocta porque el inmueble municipal fue cedido para desarrollar actividades vecinales, sociales y culturales, pero no para funcionar como albergue.
La concejala de Gobierno Abierto, Miren Fernández de Landa, ha señalado que el Consistorio conoció la situación a través de una tercera persona. Después de reunirse con el presidente de Salburua Burdinbide y consultar a los servicios jurídicos y de Patrimonio, ha tramitado el requerimiento.
Fernández de Landa ha defendido que las condiciones de cesión deben aplicarse por igual a todas las asociaciones y que el Ayuntamiento es responsable de la seguridad de quienes utilizan sus instalaciones. También ha negado que la Policía Local haya vigilado o presionado a la asociación, como ha denunciado la red de acogida.
Entre 40 y 50 personas siguen sin alojamiento
Las personas que duermen en el local forman parte de un grupo cambiante de solicitantes de asilo que permanece en Gasteiz desde el verano de 2025. Algunas consiguen avanzar en sus trámites y son trasladadas a otros recursos, pero otras llegan para intentar iniciar el procedimiento.
La mayoría procede de Malí y ha huido del conflicto armado, la violencia yihadista y la inestabilidad que atraviesa el país. Muchas todavía no han podido formalizar su petición de protección internacional y permanecen sin alojamiento ni recursos económicos.
La comisaría de la Policía Nacional de Betoño se convirtió en un punto de referencia para quienes no conseguían una cita por internet. La posibilidad de recibir atención presencial provocó la llegada de personas desde otros puntos de España y de Europa.
La primera cita policial es necesaria para registrar la petición y acceder posteriormente al sistema estatal de acogida. Sin embargo, el número de turnos disponibles no permite absorber todas las solicitudes y algunas personas permanecen durante semanas o meses esperando.
Salburuko Harrera Sarea ha calculado que entre 40 y 50 solicitantes de asilo viven habitualmente en la calle, principalmente en los soportales de la calle Cuenca del Deba y en los espacios provisionales encontrados por el voluntariado.
El barrio ha asumido la acogida
La atención cotidiana ha recaído sobre asociaciones, parroquias y personas voluntarias. La red proporciona comida, ropa, calzado, duchas, atención sanitaria, traducción y acompañamiento ante las administraciones.
Durante el invierno, las parroquias de San Joaquín y Santa Ana, en Salburua, y Nuestra Señora de las Nieves, en Aranbizkarra, habilitaron alrededor de treinta plazas. Aquellos espacios dejaron de utilizarse con la llegada del verano porque habían sido preparados como una respuesta temporal ante el frío.
Parte del grupo regresó entonces a los soportales. La red buscó otros lugares y comenzó a utilizar el local de Salburua Burdinbide, donde entre 20 y 30 jóvenes han podido dormir bajo techo.
El colectivo ha señalado que ha atendido a cerca de 300 personas desde diciembre de 2025. La asociación vecinal preferiría dedicar el inmueble a sus actividades habituales, pero aceptó la acogida ante la ausencia de otros recursos.
«Se han confundido de comisión»
La comparecencia ha derivado en un enfrentamiento entre la red y el Gobierno municipal. Miren Fernández de Landa ha insistido en que su departamento debe controlar el uso de los locales, pero no buscar alojamiento para las personas afectadas.
«Se han confundido de comisión» y «se han confundido de persona», ha respondido la concejala a las peticiones de la red y de los grupos de la oposición.
«No me dedico a buscar espacios habitacionales para personas», ha añadido Fernández de Landa. La responsable de Gobierno Abierto ha asegurado que, según la información recibida por el Ayuntamiento, CEAR y CEAR Euskadi disponen de plazas para atender a solicitantes de protección internacional.
La concejala no ha precisado cuántas plazas están disponibles, dónde se encuentran o cuándo podrían realizarse los traslados. Tampoco ha aclarado si pueden acceder a ellas quienes todavía no han formalizado su solicitud.
La red ha explicado que esas personas son precisamente las que quedan fuera de los recursos ordinarios. Mientras esperan su primera entrevista policial, no pueden entrar con normalidad en el sistema estatal de acogida y dependen de los espacios encontrados por el voluntariado.
El precedente del centro Amaia
El Ayuntamiento ya habilitó durante seis días el centro municipal Amaia, en Aranbizkarra, cuando se anunciaron nevadas y temperaturas bajo cero.
Fernández de Landa ha explicado que aquella apertura fue excepcional y se realizó a petición del Departamento de Políticas Sociales, que asumió la gestión y la tutela del dispositivo.
La red ha defendido que ese precedente demuestra que el Gobierno municipal puede habilitar instalaciones temporales sin convertir los locales vecinales en albergues permanentes. Su propuesta es mantener un recurso provisional hasta que las personas afectadas puedan entrar en la red estatal.
Elkarrekin y EH Bildu han apoyado esa petición y han criticado que el Ayuntamiento ordene el cierre antes de garantizar una salida. El PP ha reclamado la coordinación del Consistorio, la Diputación, el Gobierno Vasco y el Gobierno central. El PSE ha respaldado el requerimiento al considerar que el inmueble se está utilizando para una actividad no autorizada.
Un problema estatal con consecuencias locales
La Policía Nacional y el Ministerio del Interior gestionan las citas y la formalización de las solicitudes de asilo. El Ministerio de Inclusión se encarga de la red estatal de acogida.
El origen del atasco está, por tanto, en la Administración central. Pero sus consecuencias se concentran en Salburua, donde decenas de personas permanecen sin alojamiento y dependen de la ayuda del barrio para cubrir sus necesidades básicas.
El futuro centro estatal de la antigua clínica Arana tampoco ofrece una salida inmediata. Su apertura está prevista para octubre con unas 120 plazas, destinadas inicialmente sobre todo a familias y mujeres con menores. El grupo de Salburua está formado principalmente por hombres solos que todavía intentan completar el procedimiento.
