ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru han denunciado que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz les ha impuesto una multa conjunta de 1.500 euros por colocar carteles y pancartas para informar de la huelga general convocada el pasado 17 de marzo. Las organizaciones consideran que la sanción pretende «silenciar» las reivindicaciones laborales y condicionar futuras movilizaciones.
La protesta había sido convocada para reclamar un salario mínimo propio de 1.500 euros. Durante las semanas anteriores, los sindicatos organizaron asambleas, reuniones y campañas informativas en Gasteiz y sus alrededores para explicar las razones de la movilización.
Fue precisamente aquella actividad informativa la que, según relatan ahora las centrales, dio lugar a la apertura de un expediente sancionador. El Ayuntamiento les habría atribuido una infracción «muy grave» por la colocación de carteles y pancartas en la ciudad.
La resolución ha terminado con una sanción de 1.500 euros, una cifra que coincide con la cantidad defendida por los convocantes como salario mínimo para Euskadi. Los sindicatos no consideran casual esa coincidencia y sostienen que la cuantía tiene un carácter «ejemplarizante» y un simbolismo dirigido a quienes participaron en la protesta.
Una huelga para reclamar un salario mínimo vasco
ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru vinculan la multa con el debate abierto en torno a la posibilidad de establecer un salario mínimo propio. Las organizaciones recuerdan que una iniciativa legislativa popular respaldada por 138.000 firmas no llegó a tramitarse en el Parlamento Vasco.
El objetivo de aquella iniciativa era abrir la puerta a que el salario mínimo pudiera decidirse y negociarse en Euskadi. Los sindicatos reprochan al PNV y al PSE-EE, formaciones que gobiernan tanto en Vitoria-Gasteiz como en otras instituciones vascas, que no hayan impulsado esa negociación.
La multa ha ampliado ahora el enfrentamiento. Las centrales aseguran que el Ayuntamiento mantiene una «actitud antisindical» y comparan este expediente con otras sanciones impuestas durante conflictos laborales, entre ellos el protagonizado por el sector de la intervención social.
«Quieren silenciar las reivindicaciones laborales vía multas, atacar el derecho a la huelga y condicionar futuras movilizaciones», afirman en un comunicado conjunto.
Los cinco sindicatos han pedido al Gobierno municipal que retire esta línea de actuación y que se implique en la búsqueda de un acuerdo para establecer un salario mínimo de 1.500 euros. También han anunciado que mantendrán las movilizaciones y las campañas de información dirigidas a las personas trabajadoras.