Hace varios años, en la Diputación Foral de Álava, un hombre llamado Alfredo de Miguel ocupaba un importante cargo como diputado foral de Administración Local. Sin embargo, su situación cambió radicalmente cuando en diciembre de 2009, una abogada presentó una denuncia en su contra, acusándolo de liderar una trama delictiva dedicada al cobro ilegal de comisiones en la asignación de contratos gubernamentales. La Fiscalía comenzó entonces a investigar y descubrió que De Miguel había estado encabezando una organización que recaudaba comisiones indebidas a cambio de adjudicar contratos públicos.
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El juicio oral por el llamado «caso De Miguel» comenzó en enero de 2018, ocho años y un mes después de que la abogada Ainhoa Alberdi presentara una denuncia en diciembre de 2009. La denuncia fue presentada luego de que supuestamente De Miguel y Telleria exigieran una comisión de 100.000 euros a la empresa de la que Alberdi era administradora.
En total, había 26 imputados en el juicio, y la Fiscalía solicitó penas que sumaron 440 años de cárcel para los procesados. El fiscal imputó a De Miguel un total de 27 delitos, incluyendo cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
También solicitó 32 años y dos meses de cárcel para cada uno de Telleria y Otxandiano, exmiembros de la Ejecutiva del PNV de Álava. Además, las mujeres de estos tres dirigentes nacionalistas y la hermana del principal acusado fueron encausadas en el proceso.
En el juicio oral, el fiscal Josu Izaguirre, conocido como «el azote del PNV, PP y PSE» afirmó que los implicados en el «caso De Miguel» «estaban amparados por todo el ‘establishment’ del PNV».
En el juicio del caso De Miguel hubo varias personas clave que desempeñaron un papel importante. El juez Roberto Ramos, quien lideró la investigación desde marzo de 2010 hasta cerrarla en marzo de 2015, el Fiscal Josu Izaguirre, quien recibió la denuncia en diciembre de 2009 y lideró la causa desde entonces, y la abogada Ainhoa Alberdi, quien presentó la denuncia original y testificó en el juicio.
Además, la Ertzaintza, la unidad especializada en delitos económicos, elaboró varios informes sobre la trama económica. También tuvieron un papel importante en el juicio, el político del PP Javier Ruiz de Arbulo y Juanjo Agirrezabala, político de EA y posteriormente de la coalición EH Bildu, quienes ambos ejercieron como presidente de la comisión de investigación en las Juntas Generales de Álava y en el Parlamento Vasco.
