El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ha solicitado investigar las bajas laborales masivas en el Centro Penitenciario de Araba, conocido como la prisión de Zaballa, por si pudieran constituir una huelga encubierta. La situación ha provocado el cierre de talleres productivos y la suspensión de comunicaciones entre internos y sus familias, lo que afecta derechos fundamentales de la población reclusa.
Según el sindicato UGT, desde que el Gobierno vasco asumió las competencias en materia penitenciaria hace tres años, las prisiones vascas están en una situación de “absoluto caos”. En un comunicado, Juan Carlos Díaz, portavoz de UGT, ha denunciado la sobreocupación de un 24 % en los centros y el perfil conflictivo de los internos, en su mayoría jóvenes, lo que genera un ambiente de riesgo para los funcionarios. Además, el sindicato señala que el Ejecutivo autonómico no estaba preparado para gestionar las prisiones, afirmando que “tres años después sigue sin tener ningún conocimiento de lo que está asumiendo”.
En el caso de Zaballa, la situación es especialmente crítica. Desde el 4 de diciembre, 73 trabajadores han presentado bajas médicas, lo que ha llevado a la suspensión de actividades esenciales. Las bajas masivas coinciden con la negativa de los trabajadores a realizar horas extras, que hasta ahora sostenían el funcionamiento básico del centro. Según el director del centro, no se ha declarado una huelga formal, pero los empleados han adoptado esta medida como parte de sus reivindicaciones en el contexto de la negociación colectiva.
El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha reconocido la gravedad de la situación y, a instancias del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, estudia la adopción de medidas disciplinarias contra los trabajadores que han presentado bajas continuadas. Sin embargo, asegura que respetará plenamente el derecho a la salud de los empleados. Mientras tanto, se han activado bolsas de trabajo para cubrir las ausencias y priorizar los servicios mínimos necesarios para garantizar la seguridad en el centro penitenciario.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha calificado la situación de «preocupante, insostenible, intolerable y alarmante». En su auto, recibido esta mañana por el Departamento de Justicia, se informa de la vulneración de derechos de los internos, que no pueden acceder a talleres, formación educativa ni mantener contacto con el exterior. Asimismo, se destaca la “responsabilidad y solidaridad” de los funcionarios que continúan acudiendo a sus puestos, aunque advierte que esta situación es insostenible en el tiempo.
La situación coincide con un proceso de negociación colectiva que busca solucionar los problemas estructurales derivados de la falta de personal. En este marco, el Departamento de Justicia ha aprobado una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la primera desde la transferencia de competencias, que incrementa la plantilla en 260 personas. Además, se están estudiando propuestas económicas para mejorar los complementos salariales de aquellos trabajadores que desempeñan tareas especialmente penosas.
En paralelo, se ha convocado un concurso de traslados por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en el que se han inscrito 195 personas. Este proceso podría afectar la disponibilidad de personal en las cárceles vascas, complicando aún más la situación actual. A pesar de estas dificultades, el Departamento de Justicia afirma que mantiene una «plena voluntad de acuerdo» en el ámbito natural de la negociación colectiva y evita debatir las condiciones laborales en el espacio público.
Por último, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha remitido las actuaciones al Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz para que investigue si las bajas masivas constituyen un ilícito penal.
