Kutxabank fuerza al Ayuntamiento a pagar casi medio millón euros más por una expropiación

El desenlace del caso genera dudas sobre la viabilidad del parque de Larragorri.

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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz debe pagar 408.000 euros adicionales a Kutxabank por la expropiación de unos terrenos en Lasarte, donde se construyó una balsa de laminación para prevenir inundaciones. La decisión judicial eleva el coste total a 615.000 euros, lo que ha generado duras críticas desde EH Bildu y Elkarrekin, que acusan al banco de especular y anteponer sus beneficios al interés público.

Kutxabank exige más dinero tras una expropiación ya pagada

El origen del conflicto se remonta a la expropiación de los terrenos en cuestión. En un primer momento, el jurado de expropiación forzosa de Álava fijó la compensación en 207.000 euros, cantidad que el Ayuntamiento abonó a Kutxabank. Sin embargo, la entidad financiera consideró insuficiente el pago y recurrió ante los tribunales, que ahora han fallado a su favor, obligando a la ciudad a pagar más del doble de la cantidad inicial.

Xabier Ruiz de Larramendi, concejal de EH Bildu, ha denunciado la actitud del banco: “Kutxabank ha decidido exprimir a este Ayuntamiento y sacarle hasta el último céntimo. Algo que poco o nada tiene que ver con la filosofía de las cajas de ahorro y su supuesta función social”. El edil ha subrayado que la sentencia confirma la nula «voluntad del banco de colaborar» en proyectos de interés general.

Un banco que no asume la descontaminación de sus terrenos

Uno de los aspectos más polémicos del fallo judicial es que el cálculo inicial del Ayuntamiento consideraba que los terrenos estaban contaminados, lo que debía reducir su valor de expropiación. Sin embargo, la sentencia concluye que no consta oficialmente ninguna obligación de descontaminación, lo que ha permitido a Kutxabank obtener una indemnización mayor sin asumir la limpieza de los suelos.

Óscar Fernández, concejal de Elkarrekin, ha señalado la contradicción entre la sentencia y los registros del Gobierno Vasco, que sí identifican la zona como potencialmente contaminada: «Nos sorprende que la sentencia diga que no consta la contaminación cuando el Gobierno Vasco en su mapeo sí que lo establece como suelos potencialmente contaminados». Además, ha recordado que estudios previos habían detectado sustancias peligrosas como cianuros, arsénicos y plomo en la zona.

EH Bildu ha ido más allá y ha responsabilizado al Ayuntamiento por no exigir a Kutxabank la descontaminación de los terrenos antes de la expropiación: “Pagamos la descontaminación de esos terrenos porque desde el Ayuntamiento no se les ha exigido a sus propietarios”, ha denunciado Ruiz de Larramendi, calificando la situación como “el colmo”.

Beneficios millonarios frente al interés público

Las críticas a Kutxabank se han endurecido al recordar sus beneficios económicos. EH Bildu ha denunciado que el banco, que entre enero y septiembre de 2024 obtuvo 396 millones de euros de ganancias, “se dedica a estrujar al Ayuntamiento” en lugar de facilitar proyectos de ciudad.

“Aquí lo que está sobre la mesa es un conflicto entre el interés general y el interés particular de los propietarios de esos terrenos”, ha añadido Ruiz de Larramendi, insistiendo en que el Ayuntamiento debe defender los intereses de la ciudadanía ante entidades privadas que buscan maximizar su beneficio.

Elkarrekin ha advertido que esta sentencia puede sentar un precedente peligroso para otros terrenos en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, lo que encarecería aún más el futuro parque de Larragorri y retrasaría su desarrollo. «los actuales propietarios van a intentar exprimir hasta el último céntimo del Ayuntamiento«, ha alertado Fernández.

Un Ayuntamiento sin margen de maniobra

Desde el gobierno municipal, Borja Rodríguez ha reconocido que la sentencia no les favorece, pero insistió en que no hay otra opción que acatarla: «Como gobierno municipal, no nos gusta la sentencia, pero es una sentencia judicial que tenemos que acatar». También ha defendido que el Ayuntamiento está cumpliendo los plazos legales y que ahora se analizarán los siguientes pasos a dar.

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