En pleno Casco Viejo de Vitoria, el edificio situado en los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo lleva ocho años cerrado a cal y canto. Sus ventanas están tapiadas, sus portales clausurados y su estructura, según los últimos informes, presenta un estado general deficiente.
El 26 de octubre de 2017 se ordenó su desalojo urgente. Una fuga de agua había afectado gravemente los pilares del inmueble, poniendo en peligro a quienes vivían allí. En total, se evacuaron una decena de viviendas, la mayoría ocupadas por propietarios que llevaban años residiendo en ellas. Desde entonces, la vida en ese portal se detuvo.
El deterioro avanza año tras año
Pasados ocho inviernos y ocho veranos, la imagen sigue siendo la misma: persianas bajadas, muros con grietas visibles, humedad persistente en las fachadas y un silencio que contrasta con el bullicio de la calle. Durante todo este tiempo, no ha vuelto a entrar nadie.
Las viviendas no se han reparado, no se han vendido, no se han demolido, ni se han rehabilitado. La única intervención real ha sido una obra mínima de inspección, contratada en marzo de 2025 por parte del Ayuntamiento, para retirar falsos techos, reconducir el agua y evaluar el daño estructural.
Según la información facilitada esta semana en la Comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda, esas obras ya se han ejecutado. Lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, en respuesta a una pregunta planteada por el concejal de Elkarrekin, Óscar Fernández, que ha vuelto a llevar el asunto a debate.
Rodríguez ha explicado que tras una visita técnica realizada en agosto, se constató que “el estado general de la estructura se encuentra en condiciones deficientes”, aunque no se han detectado daños graves en los pilares ni en los edificios colindantes. El expediente, ha dicho, sigue abierto solo a efectos administrativos.
Un edificio parado en el tiempo
A simple vista, el paso del tiempo ha hecho mella. El edificio acumula años de abandono, con humedades visibles en las paredes, zonas sin mantenimiento y estructuras interiores sin uso.
La falta de actividad agrava la situación. Las filtraciones de agua no cesan, el canalón cercano al caño sigue siendo un punto problemático, y los materiales de construcción se deterioran cada día un poco más. En la práctica, el edificio lleva más de 2.900 días cerrando un ciclo de degradación sin interrupciones.
Mientras tanto, los vecinos que fueron desalojados siguen sin respuesta definitiva. Algunos encontraron soluciones habitacionales por su cuenta, otros siguen esperando una alternativa municipal. Dos de ellos, propietarios de viviendas en esos portales, no han sido realojados y continúan en contacto con el Ayuntamiento para encontrar una salida.
El coste de volver a empezar
Cuando se desalojó el edificio en 2017, se estimó que las obras necesarias para su recuperación rondaban los 345.000 euros. Hoy, esa cifra es mucho mayor. El encarecimiento de materiales y mano de obra, junto con el deterioro acumulado, hacen que rehabilitar el edificio sea más difícil y costoso.
Los antiguos residentes, en su mayoría familias con pocos recursos, no pueden asumir ese gasto. Muchos de ellos compraron sus pisos con esfuerzo, y ahora ni pueden volver ni pueden vender. Lo que fue su hogar se ha convertido en un limbo legal y urbanístico.
¿Qué va a pasar?
Durante la comisión, Borja Rodríguez ha explicado que se ha realizado una tasación de las viviendas y que ese mismo día estaba prevista una reunión con los dos propietarios que siguen pendientes de una solución. El objetivo es compartir los resultados de la tasación y estudiar posibles pasos, entre ellos la compra pública, ayudas a la rehabilitación o fórmulas de acceso a vivienda protegida.
Por su parte, Óscar Fernández ha insistido en que el Ayuntamiento debe actuar con urgencia en estos dos edificios ubicados en la calle Santo Domingo. “Han pasado ya ocho años, y el deterioro ya es bastante evidente”. También ha planteado que se priorice a los antiguos residentes si se rehabilitan las viviendas bajo gestión pública.
