Ocho años después del desalojo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se está planteando comprar las viviendas situadas en los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo. Las viviendas llevan cerradas desde 2017, cuando se ordenó su desalojo por motivos de seguridad tras una fuga de agua que dañó la estructura del edificio. Desde entonces, nadie ha vuelto a vivir allí.
Las viviendas siguen tapiadas, con signos claros de abandono y deterioro. El edificio forma parte del Casco Viejo y, pese a estar en una zona céntrica, lleva años sin uso ni mantenimiento.
El edificio ya ha sido tasado
Este lunes, el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha realizado una tasación oficial del edificio. Además, ha anunciado que ese mismo día estaba prevista una reunión con los propietarios que aún no han sido realojados para trasladarles el resultado de esa valoración y hablar sobre “los posibles pasos a dar a posteriori”.
No hay ninguna decisión tomada, pero la posibilidad de que el Ayuntamiento adquiera las viviendas está encima de la mesa. Lo ha planteado también el concejal de Elkarrekin, Óscar Fernández, que lleva años siguiendo el caso. Según ha recordado, es una propuesta que ya se valoró en el pasado tanto por su grupo como por los propios vecinos afectados.
La idea sería que el Ayuntamiento comprara las viviendas con una tasación ajustada, y que las personas que vivían allí tuvieran prioridad para acceder a un alquiler social o vivienda protegida si el edificio se rehabilita. “La capacidad económica de la mayoría de los vecinos es bastante precaria”, ha dicho Fernández. “Es muy complicado, por no decir casi imposible, que puedan afrontar estas obras de rehabilitación.”
Obras mínimas ya realizadas
En marzo de este año, el Ayuntamiento contrató unas obras mínimas de revisión estructural. Se retiraron falsos techos, se recondujeron las aguas pluviales y se revisó la situación de los pilares. Según el informe técnico, el estado general del edificio es deficiente, pero no hay daños graves en la estructura ni riesgo para los edificios colindantes.
El expediente de las obras aún no se ha cerrado oficialmente porque está en fase de liquidación, pero los trabajos ya se han realizado.
Ocho años de abandono
Desde que se desalojaron las viviendas en 2017, no se ha encontrado una solución definitiva. En su momento se estimó que arreglar el edificio costaría unos 345.000 euros, una cifra que hoy sería bastante más alta.
Durante estos años, el deterioro ha ido en aumento. Las paredes presentan humedades, las fachadas están desgastadas y los interiores siguen vacíos. La falta de uso ha agravado el problema.
En la comisión de Urbanismo, Óscar Fernández ha insistido en que la situación de estas viviendas ubicadas en Santo Domingo “se está alargando demasiado” y ha pedido que se expliquen con claridad las opciones que maneja el Ayuntamiento. También ha preguntado si habrá ayudas a la rehabilitación o si se va a dar prioridad a los antiguos residentes.
“Han pasado ya ocho años y el deterioro es evidente. Lo que antes era una urgencia, ahora es una necesidad estructural.”
