Baja el número de desahucios en Euskadi. Según el informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial, en el tercer trimestre de este año se han efectuado 180 lanzamientos en Euskadi, un 22,1% menos. De esta cantidad total, 26 han sido ejecuciones hipotecarias, 140 por Ley de Arrendamientos Urbanos y 14 por otro motivos. Sin embargo, las denuncias por ocupación ilegal de una vivienda ha aumentado un 135% en comparación con el segundo trimestre.

En los datos del tercer trimestre también se incluyen agosto pero no se registran el número de desahucios encubiertos por la no renovación del contrato. Sin embargo, el descenso continuado en los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, desde hace más de un año, tiene que ver con la nueva Ley de Créditos Inmobiliarios que ha entrado en vigor en junio de este año cuya finalidad es proteger los derechos de los consumidores al mejorar la transparencia a la hora de contratar una hipoteca e incrementar la seguridad jurídica de dichos préstamos blanqueando la cláusula de vencimiento anticipado, presente en millones de contratos hipotecarios, y que estaba siendo declarada nula y abusiva por los tribunales.

El vencimiento anticipado es el derecho que se otorga el banco de pedir la totalidad del préstamo si incumples alguno de los pagos. Ahora, con la nueva ley, el vencimiento anticipado se fija en el 3% o 12 cuotas impagadas, en la primera mitad del préstamo. El carácter retroactivo de esta ley va a suponer una nueva oleada de ejecuciones hipotecarias y el retraso en verlo en la estadística es debido a que los bancos están obligados a cumplir plazos de preaviso previstos en la propia ley.

Según Stop Desahucios Euskadi, todos los indicadores siguen apuntando a una burbuja del alquiler inflada por movimientos especulativos detrás de los cuales están Socimis y diferentes fondos de inversión que están viendo un negocio en el alquiler de habitaciones, en los pisos turísticos, y en el alquiler en general.

Desde esta plataforma advierten a los bancos de que deben aplicar el código de buenas prácticas bancarias antes de iniciar procedimientos judiciales de desahucio. “Además, estamos acudiendo a las instituciones para que intermedien con las entidades financieras si es necesario, y dispuestos a demandar a los bancos que incumplan, como hemos hecho esta semana en los Juzgados de Donostia contra la Caja Rural, basados en la STS 2340/2019, de 9 de julio, que obliga a los bancos a cumplir sus propios compromisos de reestructuración de deudas de colectivos vulnerables”.