El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda va a remitir a Verter Recycling 2000 SL, propietaria del vertedero de Zaldibar, «de forma inmediata», las primeras facturas de los trabajos de búsqueda de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, trabajadores fallecidos en el derrumbe ocurrido en sus instalaciones el 6 de febrero.
Semanas después de que los propios trabajadores dieran la voz de alarma por «la fragilidad de las bancadas y la gran acumulación de residuos», las estructuras y todos los escombros que contenían se derrumbaron, causando la muerte de dos de los trabajadores que allí se encontraban: Alberto y Joaquín. La empresa había enviado a unos topógrafos a evaluar la situación, segun publicó El Correo, pero no tuvo ni un plan, ni protagonismo en las labores que se iniciaron tras el derrumbe. Miembros de la Ertzaintza, de Emergencias, Bomberos Protección Civil y unidades de Tráfico, se lanzaron a la búsqueda de lo que en un principio podían ser hasta 7 personas.
La primera noche desescombraron a mano
Tal y como informó la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco la primera búsqueda «se llevó a cabo por métodos manuales, con perros, haciendo desescombro a mano«. Hasta que, a media noche de ese día«, técnicos de Osalan les advirtieron de la «posible» existencia de amianto en los escombros. A partir de ese momento, según el relato que el Departamento de Medio Ambiente hizo público ayer, «el Gobierno Vasco asumió de forma urgente y subsidiaria la dirección, contratación y ejecución de todas las labores de estabilización y control del vertedero«. Labores orientadas a «minimizar el riesgo para el entorno y el medio ambiente» y, «principalmente, posibilitar la búsqueda de los trabajadores con plena seguridad«.
3.420.988,71 euros, ya pagados por las arcas públicas
El importe de estas labores ya ejecutadas (y pagadas por la hacienda vasca) a fecha 1 de junio asciende, según se indica en la resolución, a 3.420.988,71 euros (IVA incluido). En su mayor parte tienen que ver con la estabilización del deslizamiento y la creación de taludes para posibilitar la búsqueda de los dos trabajadores. También la apertura de accesos a los diferentes puntos de trabajo. Añaden: el control del impacto medioambiental y a la salud de la ciudadanía, que tanta polémica generó tras descubrirse que partículas potencialmente cancerígenas sobrevolaban poblaciones cercanas. El posterior incendio que hubo que sofocar a través de maquinaria pesada y la colaboración de medios aéreos. Y, finalmente, la ejecución de depósitos de seguridad para los residuos o el diseño de la red de control de aguas subterráneas. Entre otros conceptos.
La resolución se ha comunicado igualmente a los departamentos de Seguridad, Trabajo y Justicia y Salud del Gobierno Vasco, a la Agencia Vasca del Agua-URA y al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa-Gipuzkoako Urak, a la compañía de seguros con quien el operador tiene suscrito un seguro de responsabilidad medioambiental y civil por contaminación derivada de la actividad del vertedero de residuos no peligrosos, así como al Juzgado de instrucción de Durango y al Ministerio Fiscal.
