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La Diputación quiere que los trabajadores de Intervención Social renuncien a los retrasos salariales acumulados desde 2021

Elkarrekin Podemos-IU exige a la Diputación Foral de Araba que impulse la firma del convenio colectivo del sector de Intervención Social y garantice el pago de los atrasos salariales.

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Exterior del Palacio de la Provincia

Elkarrekin Podemos-IU, una coalición política en el País Vasco, ha instado a la Diputación Foral de Araba a no frenar más la firma del convenio colectivo del sector de Intervención Social del territorio y en su lugar, impulsarlo. La petición de la coalición se debe a que la patronal AISA y los sindicatos habían llegado a un acuerdo para la firma del convenio, pero poco después, la Diputación Foral de Araba intentó incorporar una condición adicional que exigía a los trabajadores y las trabajadoras del sector renunciar al pago de los retrasos salariales acumulados desde 2021.

Esta maniobra de la Diputación Foral de Araba ha generado preocupación y protestas de los sindicatos y trabajadores del sector, quienes han estado luchando por sus derechos laborales durante mucho tiempo. El convenio colectivo de Intervención Social del territorio lleva dos años de retraso y los trabajadores no han recibido aumentos salariales en ese periodo, lo que se ha agravado aún más por el aumento de la inflación al 6,1% y el Euribor al 3,5%.

El procurador de Elkarrekin Podemos-IU, José Damián García-Moreno, ha interpelado al Diputado Foral de Políticas Sociales de Araba durante el pleno de control para pedir explicaciones sobre las razones que llevaron a la Diputación Foral de Araba a «bloquear la firma del convenio colectivo laboral de Intervención Social, no garantizar los pagos atrasados para los y las trabajadoras del sector y retrasar reunirse con los sindicatos».

En el comunicado que enviaron CCOO, ELA, LAB, ESK y UGT, los sindicatos acusaron a la Diputación Foral de Araba de bloquear la firma del convenio colectivo laboral debido a su exigencia de que los trabajadores renunciaran a los salarios atrasados. García-Moreno ha destacado que alrededor de 1100 personas trabajan en servicios relacionados con el sector de Intervención Social, y ha mostrado su solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que han protestado fuera del Palacio Foral.

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