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En un informe reciente, el Ararteko, el Defensor del Pueblo vasco, ha destacado la necesidad de establecer una regulación completa del derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna y legal. A pesar de la entrada en vigor de la Ley 3/2015 de Vivienda hace más de 7 años, el marco jurídico de este derecho aún no se ha concretado, limitándose su regulación a una disposición transitoria y a la Instrucción 1/2016 de la Viceconsejería de Vivienda, que aborda la gestión de la prestación económica de vivienda.
El Ararteko lamenta que el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco no haya aprobado el desarrollo reglamentario del derecho subjetivo, a pesar de que este estuviera incluido en el Plan Anual Normativo aprobado por el Consejo de Gobierno en marzo de 2022. Aunque se han aprobado otras normativas relacionadas con la vivienda, el Ararteko enfatiza que la regulación completa del derecho sigue siendo pendiente.
Suspensión extraordinaria de los desahucios
En relación con la situación de la pandemia de COVID-19, el Ararteko señala que el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y su última redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, establecen la suspensión extraordinaria de los desahucios hasta el 30 de junio de 2023, siempre que los servicios sociales acrediten una situación de vulnerabilidad económica sin una alternativa habitacional.
Sin embargo, el Ararteko expresa su preocupación ante el elevado número de ejecuciones hipotecarias y desalojos registrados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Muchos de ellos son consecuencia de la incapacidad para hacer frente al pago mensual del alquiler.
La regulación plena del derecho a una vivienda digna y adecuada sigue siendo una asignatura pendiente en Euskadi, y el Ararteko hace un llamado a las autoridades competentes para que se tomen las medidas necesarias con el fin de garantizar este derecho fundamental para todos los ciudadanos.
Desesperada demanda de vivienda pública
Un año más, se han recibido numerosas quejas y consultas por parte de ciudadanos que requieren urgentemente una vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento. Estas personas señalan que, a pesar de llevar años inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida «Etxebide», no han sido asignadas a una vivienda y sus bajos ingresos les impiden afrontar los altos precios del mercado privado de alquileres.
El Ararteko muestra su preocupación ante el creciente número de personas que demandan viviendas de protección pública y destaca el informe del Observatorio Vasco de la Vivienda correspondiente al año 2021 y avance del primer semestre del 2022. Según este informe, el número de solicitudes inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida «Etxebide» fue de 77.027, de las cuales 59.656 demandan una vivienda en alquiler.
