La Unión Europea empieza a aplicar este viernes su nuevo Pacto de Migración y Asilo. La reforma llega con una decisión discutida desde el primer día. Bruselas tratará como seguros a varios países que no están en guerra abierta, pero donde sí hay violencia política, conflictos internos o denuncias por violaciones de derechos humanos.
La lista común incluye Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. También se presumirá que son seguros los países candidatos a entrar en la Unión Europea, salvo excepciones. Afganistán, Siria, Sudán, Yemen o Palestina no aparecen en esa lista.
El debate está en los Estados incluidos. Egipto y Túnez han recibido críticas por la represión política y por el trato a personas migrantes. En Marruecos, India, Bangladesh o Colombia también existen riesgos para colectivos concretos. Que un país no esté en guerra no significa que sea seguro para todo el mundo.
La lista afectará directamente a quienes pidan asilo. Si una persona llega desde uno de esos países, su solicitud podrá tramitarse antes. En ese caso, tendrá que explicar por qué volver a su país puede ponerla en peligro, aunque la UE lo considere seguro de forma general.
Las organizaciones de derechos humanos alertan de que este sistema puede perjudicar a personas perseguidas por motivos concretos. Puede afectar a opositores políticos, periodistas, mujeres, activistas, minorías religiosas o personas LGTBI. En esos casos, el riesgo no siempre aparece en una lectura general del país.
El pacto no elimina el derecho de asilo. Las autoridades tendrán que revisar cada solicitud. La duda está en si los nuevos plazos permitirán hacerlo con abogados, intérpretes y tiempo suficiente para comprobar la situación personal de cada solicitante.
El cambio afecta también a España. No es una nueva ley española de extranjería, sino una reforma europea que deben aplicar todos los Estados miembros. Llega tras años de debate entre países fronterizos, que pedían más apoyo, y gobiernos que reclamaban más control sobre las llegadas.
El pacto refuerza los controles en la frontera exterior de la UE. Las personas que lleguen sin cumplir los requisitos de entrada pasarán por una revisión inicial. En ese trámite se comprobará su identidad, se registrarán sus datos y se harán verificaciones de seguridad.
Tras ese control, cada caso seguirá una vía distinta. Algunas personas podrán entrar en el procedimiento ordinario de asilo. Otras pasarán por una tramitación rápida en frontera. Si las autoridades concluyen que no tienen derecho a quedarse, se podrá iniciar la expulsión.
El pacto también da más peso al concepto de tercer país seguro. Esta figura permite rechazar una solicitud si se considera que la persona pudo pedir protección en otro país por el que pasó antes de llegar a la Unión Europea. Las entidades sociales critican que esa fórmula puede desplazar fuera de Europa una parte de la responsabilidad sobre el asilo.
Otro asunto polémico son los centros de retorno fuera de la UE. No son centros de refugiados. Están pensados para personas con una orden de expulsión. La nueva norma permite enviarlas a terceros países si existen acuerdos con esos Estados.
No hay una lista cerrada de países donde se vayan a abrir esos centros. Italia ya ha impulsado instalaciones en Albania para gestionar fuera de su territorio parte de los procedimientos migratorios. Grecia ha aprobado medidas para crear centros de retorno fuera de la UE y mantiene conversaciones con dos países africanos no identificados.
España ha cuestionado esta vía. El Gobierno ha mostrado dudas sobre las detenciones largas, los centros en terceros países y el riesgo de enviar a una persona a un lugar donde no tenga garantizados sus derechos. También ha expresado ante la UE su rechazo al nuevo Reglamento de Retornos.
La ley sigue prohibiendo devolver a alguien a un país donde pueda sufrir persecución, tortura o trato inhumano. Esa garantía no desaparece. El problema será comprobar si se respeta en un sistema pensado para resolver antes y expulsar más rápido.
El pacto incluye un mecanismo de solidaridad entre Estados miembros. Cuando un país tenga más presión migratoria, el resto deberá ayudar con reubicaciones, apoyo técnico o aportaciones económicas. Esta medida busca responder a las quejas de países como España, Italia o Grecia.
El nuevo pacto migratorio europeo arranca con más controles en frontera, solicitudes de asilo más rápidas, centros de retorno fuera de la UE y una lista de países seguros que ya ha abierto un debate sobre derechos humanos.
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