La Fiscalía Superior del País Vasco rechaza de pleno el deseo del Gobierno Vasco de mantener Euskadi en una especie de estado de alarma autonómico.
Y es que se acercan días de dimes y diretes entre el Gobierno Vasco, el Gobierno de Sanchez y la Justicia, sin contar el que ya ha comenzado con el presidente de Cantabria. El Lehendakari Iñigo Urkullu manifestó el lunes que su gobierno está trabajando en un decreto para poder seguir adelante con las restricciones para hacer frente a la pandemia.
La intención es mantener el cierre perimetral, el toque de queda y la limitación máxima de cuatro personas tras el 9 de mayo, día en el que termina el estado de alarma en todo el Estado.
Con la suspensión de esta medida temporal, el Gobierno central pone sobre los hombros de la justicia toda la responsabilidad. Ellos tendrán que validar o rechazar las medidas que cada comunidad autónoma quiera adoptar.
Pero el Gobierno Vasco se ha vuelto a dar de frente con la justicia, en este caso con la Fiscalía.
Según se ha informado, Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco, ya ha presentado su informe ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en relación al borrador del decreto que Urkullu anunció.
El informe recoge que sin la declaración del estado de alarma no se puede limitar la libre circulación ya que no se estaría respetando un derecho constitucional.
