El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Álava por corrupción a integrantes del Partido Nacionalista Vasco, incluyendo los miembros del «Araba Buru Batzar» Alfredo De Miguel Aguirre, Luis Felipe Ochandiano Credilla y Carlos Aitor Tellería Lambarri con penas de 12 años y 4 meses de cárcel, 7 años y 6 meses de cárcel y 5 años y 1 mes de cárcel respectivamente.
El Tribunal Supremo también ha condenado a las esposas de los acusados, Ainhoa Bilbao Lasa e Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez, por los delitos de blanqueo de capitales y cooperación en una asociación ilícita, imponiendo penas de 1 año y 6 meses de prisión y multas de 180.000 euros.
Los tres principales acusados, Alfredo De Miguel, Luis Felipe Ochandiano y Carlos Aitor Tellería, utilizaron dos sociedades, Errexal SL y Ortzi Muga SL, para cometer delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita. Además, se les acusa de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Estos delitos se relacionan con contratos administrativos que fueron otorgados a estas sociedades por diferentes organismos públicos regidos por miembros del Partido Nacionalista Vasco. Los acusados utilizaron su influencia política para obtener beneficios y para que se les adjudicara los contratos sin cumplir con el procedimiento administrativo. Los acusados han sido condenados a penas de prisión y multa.
La sentencia condena a varios responsables por favorecer a los acusados en expedientes tramitados desde posiciones estratégicas. En particular, se condena al gerente del Parque Tecnológico de Álava, Alfonso Carlos Arriola Lacruz, a 4 años de inhabilitación por cooperación a prevaricación administrativa; al Director de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno Vasco, Francisco Javier Sánchez Robles, a prisión por más de 7 años por diversos delitos, incluyendo prevaricación, integración activa en una asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
También se condena a la ex-alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo Ocio, a 9 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación continuada. Por último, también se condena a algunos empresarios que impulsaron y se beneficiaron de la actuación ilícita.
La decisión emitida por el juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, D. Pablo Llarena Conde, ha absuelto a varias personas, incluyendo a Alfredo De Miguel, Carlos Aitor Tellería, Iñaki San Juan y Alfonso Arriola, de algunas acusaciones por las que habían sido condenadas por la Audiencia Provincial alavesa.
Asimismo, ha absuelto completamente a Julián Andrés Sánchez Alegría, presidente de los Parques Tecnológico del País Vasco, de todos los cargos debido a la falta de pruebas suficientes que indicaran que él conocía las irregularidades en las que incurrieron los procesos que llevaron a la adjudicación de contratos a Urbanorma y Studio Técnico de Obras y Arquitectura SL. Por otro lado, también ha absuelto a Jon Iñaki Echaburu de los cargos de soborno y asociación ilegal por los que inicialmente había sido condenado.
