Este lunes, en la Comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha confirmado que pedirá al Gobierno Vasco la declaración del municipio como zona tensionada en materia de vivienda en marzo de 2025. La decisión, que implica un retraso respecto al compromiso adquirido a principios de 2024, ha generado una fuerte reacción por parte de la oposición, que acusa al gobierno municipal de actuar con «lentitud» y «dejadez» ante lo que consideran una emergencia habitacional.
El anuncio del concejal de Vivienda
El concejal de Vivienda, Borja Rodríguez, ha defendido el calendario presentado esta mañana en la Comisión de Urbanismo. Según ha explicado, “no podemos presentar una solicitud de forma apresurada, porque es esencial acotar bien los términos de la contratación y asegurar que la declaración de zona tensionada garantice unos resultados sólidos”. Rodríguez ha detallado que la licitación para el informe ya ha sido adjudicada y que los trabajos incluirán un diagnóstico de la situación de la vivienda en la ciudad, así como un plan de acción específico.
El concejal también ha subrayado la importancia de esta medida dentro de una estrategia más amplia en materia de vivienda: “La vivienda no es solo una necesidad básica para las personas más vulnerables, sino también una pieza clave para el desarrollo económico y la cohesión social de nuestra ciudad. Por eso, desbloquear recursos, agilizar procesos y construir más viviendas sociales es prioritario para este gobierno”.
Las críticas de la oposición
Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Desde Elkarrekin, Óscar Fernández ha calificado el retraso como «inaceptable», argumentando que «estamos en una situación de emergencia habitacional, y cualquier familia en Vitoria-Gasteiz encuentra casi imposible acceder a un alquiler. Hablamos de precios medios que rondan los 1.000 euros, algo completamente inaccesible para la mayoría». Fernández ha recordado que más de 13.600 personas están inscritas como demandantes de vivienda protegida en la ciudad, y ha reprochado al equipo de gobierno su «lentitud pasmosa».
Por su parte, desde EH Bildu, Xabier Ruiz de Larramendi ha señalado que «el compromiso adquirido en enero de este año era claro: hacer la solicitud durante 2024 y lo antes posible. Pero llegamos a diciembre y no han hecho absolutamente nada. Lo que vemos es dejadez y falta de voluntad política». Ruiz de Larramendi ha comparado la situación de Vitoria-Gasteiz con la de otros municipios que ya han avanzado en este proceso, como Rentería, el primer municipio vasco declarado zona tensionada, o Galdakao y Zumaia, que también han solicitado esta declaración.
Ruiz de Larramendi ha criticado que «otros municipios han demostrado que es posible avanzar más rápido. Aquí, durante todo el año 2024, el gobierno municipal no ha movido un dedo, y ahora nos dicen que la solicitud se hará en marzo de 2025. Es una irresponsabilidad que afecta directamente a miles de familias».
Emergencia habitacional en Vitoria
Los precios del alquiler en Vitoria-Gasteiz han alcanzado máximos históricos, lo que, según la oposición, convierte en «urgente» la adopción de medidas como la declaración de zona tensionada. Esta figura legal, recogida en la Ley del Derecho a la Vivienda, permite implementar herramientas como la limitación de los precios del alquiler, la extensión de contratos en condiciones favorables para los inquilinos y planes trienales para aumentar la oferta de vivienda asequible.
Para que un área sea declarada zona tensionada, debe cumplir con criterios como un esfuerzo económico excesivo por parte de las familias (cuando los costes de vivienda superan el 30% de sus ingresos) o un incremento desproporcionado de los precios respecto al Índice de Precios de Consumo (IPC).
En el caso de Vitoria-Gasteiz, Rodríguez ha asegurado que «todos los distritos de la ciudad, salvo la zona rural, cumplen al menos uno de los requisitos para esta declaración».
Posibles impactos de la medida
De ser declarada zona tensionada, Vitoria-Gasteiz podría establecer topes en los precios de los alquileres, diferenciando entre pequeños y grandes propietarios, además de facilitar prórrogas extraordinarias de contratos y promover medidas específicas para incrementar la vivienda asequible. Según Rodríguez, esta declaración “es una herramienta más dentro de una política integral de vivienda, que incluye también la construcción de 900 viviendas en régimen de alquiler asequible y nuevas iniciativas como los alojamientos dotacionales”.
