El diputado general de Álava, Ramiro González, ha mostrado su preocupación por el impacto del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por Tubos Reunidos, que afectará a 301 personas trabajadoras de sus plantas de Amurrio y Trapagaran. En una declaración institucional, ha subrayado la necesidad de garantizar la continuidad de la actividad industrial en Aiaraldea y ha hecho un llamamiento expreso al sector financiero.
“Una de las prioridades en este momento es, sin duda alguna, buscar soluciones ante el elevado nivel de deuda de la empresa, para lo cual hacemos un llamamiento a que los principales acreedores y socios financieros de Tubos Reunidos se sumen a este acuerdo por la viabilidad de la empresa”, ha afirmado González.
El diputado general ha vinculado directamente la situación crítica de la compañía a dos factores principales: el endeudamiento estructural y las consecuencias de los aranceles impuestos por Estados Unidos. “La situación de Tubos Reunidos, que ya era complicada por la deuda financiera que arrastra desde hace años, se ha visto agravada en los últimos meses por la política arancelaria americana”, ha explicado.
Ante este escenario, González ha instado a diseñar una hoja de ruta compartida que garantice la continuidad de la planta de Amurrio. “Tubos Reunidos va a necesitar un plan de viabilidad a largo plazo que reestructure y marque un nuevo rumbo estratégico que garantice la pervivencia en Amurrio de una empresa tan ligada a Aiaraldea y que siga siendo sustento de las familias del valle”, ha defendido.
La reestructuración anunciada por la dirección de la empresa incluye el despido de 214 trabajadores fijos y 87 eventuales, y la parada temporal de la acería de Amurrio. Según los datos trasladados al comité de empresa, Tubos Reunidos cerró 2025 con unas pérdidas netas de 71,3 millones de euros y un EBITDA negativo de -22,8 millones. La deuda financiera neta se sitúa entre los 263 y los 273 millones de euros.
González ha advertido de las consecuencias que este expediente puede tener sobre el conjunto del valle. “El impacto de esta medida va más allá de la propia actividad de Tubos Reunidos y afecta a toda una comarca que está sufriendo de primera mano un proceso de reindustrialización lento y complejo”, ha señalado. Y ha cerrado su intervención reiterando el compromiso institucional con el territorio: “No me queda más hoy que reiterar mi solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras afectadas y con Aiaraldea en su conjunto, haciendo un llamamiento a que trabajemos unidos y unidas para pensar en el futuro de su industria”.
