Euskadi quiere regular qué empresas pueden operar en su red ferroviaria

El Gobierno vasco ha iniciado la consulta pública previa del anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario de Euskadi, con la que pretende dotarse de un marco jurídico propio para ordenar el sistema ferroviario de la comunidad autónoma. La propuesta parte de la necesidad de regular de forma más amplia un sector en el que conviven infraestructuras estatales, autonómicas, locales y, en algunos casos, privadas.

Uno de los ejes del futuro texto será definir qué empresas pueden operar en la red ferroviaria de Euskadi y bajo qué requisitos podrán hacerlo. El anteproyecto prevé regular tanto el acceso al mercado ferroviario como el acceso a la infraestructura.

La futura norma no se limitará a la actividad de los operadores. También aspira a ordenar la planificación y ejecución de infraestructuras, la prestación de servicios de transporte de personas viajeras y mercancías, la seguridad ferroviaria, la inspección, el régimen sancionador y los derechos y deberes de las personas usuarias.

Qué parte del ferrocarril depende del Estado y qué parte depende de Euskadi

El texto parte de una distinción competencial que resulta clave para entender el alcance de la ley. La normativa estatal regula sobre todo la Red Ferroviaria de Interés General, una red de titularidad estatal gestionada principalmente por Adif y Adif Alta Velocidad, en la que se integran las grandes conexiones ferroviarias del país y las infraestructuras de mayor relevancia estratégica.

En Euskadi, esa red estatal incluye las líneas convencionales de ancho ibérico que conectan Madrid con Vitoria-Gasteiz e Irún, utilizadas por servicios de larga distancia y por el transporte de mercancías. También forma parte de ese sistema la llamada Y vasca, la infraestructura de alta velocidad que conectará Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia.

Junto a esa red estatal existe otra realidad ferroviaria que no forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General. Buena parte de la red de ancho métrico que funciona dentro de Euskadi está gestionada por Euskal Trenbide Sarea y explotada por Euskotren. En ese ámbito se sitúan líneas como Bilbao-San Sebastián, Txorierri, Bermeo o el Topo entre Donostia y Hendaia.

Esa coexistencia de redes y competencias distintas es una de las razones por las que el Ejecutivo autonómico considera necesario aprobar una ley propia.

El traspaso de Cercanías ha cambiado el escenario

El Gobierno vasco vincula esta iniciativa al nuevo marco abierto tras el traspaso, el 1 de enero de 2025, de las funciones de la Administración General del Estado correspondientes a los servicios de transporte de personas viajeras por ferrocarril de Cercanías en Euskadi. Ese traspaso afectó a los núcleos de Cercanías de ancho ibérico de Bilbao, Donostia y Araba y al núcleo de ancho métrico de Bilbao (Feve).

Ese cambio ha ampliado el margen de gestión de Euskadi sobre los servicios, pero no ha alterado la titularidad de buena parte de las infraestructuras sobre las que circulan esos trenes, que siguen siendo estatales. Esa situación obliga a mantener fórmulas de coordinación y convenios de colaboración con Adif para obras, mantenimiento y gestión de la red.

El Ejecutivo sostiene que esta nueva etapa ha incrementado la complejidad del sistema ferroviario vasco y que, al mismo tiempo, abre la puerta a ordenar todos los elementos del sector en una norma con rango de ley.

Seguridad ferroviaria y derechos de las personas usuarias

El anteproyecto reserva un papel destacado a la seguridad ferroviaria. Entre sus previsiones figura la elaboración de un catálogo de normas de seguridad para las actividades ferroviarias que se desarrollen en Euskadi y la futura creación de una Agencia de Seguridad Ferroviaria de Euskadi, llamada a ejercer como autoridad responsable en esta materia dentro del sistema ferroviario vasco.

La puesta en marcha de ese organismo quedaría pendiente de desarrollo reglamentario, pero su inclusión en el texto anticipa una de las novedades con más peso político y técnico de la futura ley.

La propuesta también incorpora un apartado específico sobre los derechos de las personas usuarias. El Gobierno vasco plantea reforzar la protección de quienes utilizan el transporte ferroviario, con atención especial a las personas con discapacidad o con movilidad reducida. El texto menciona además la asistencia integral a las víctimas en caso de accidente ferroviario.

Una ley para infraestructuras, operadores y cohesión territorial

Entre los objetivos que enumera el documento figura consolidar el ferrocarril como eje estructurante de la oferta de transporte público en Euskadi. La futura ley también busca facilitar la interconexión e interoperabilidad de los sistemas ferroviarios, impulsar la intermodalidad y coordinar la actuación de las distintas administraciones públicas con competencias que inciden en este ámbito.

El texto añade otros fines como regular la construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias y el desarrollo de nuevos servicios de competencia autonómica, promover la cohesión territorial, económica y social, y asegurar una utilización eficiente de los recursos disponibles.

En el terreno económico y empresarial, la ley quiere regular el sistema de licencias para acceder al mercado ferroviario y las reglas para adjudicar capacidad en la infraestructura. También recoge la voluntad de promover condiciones de competencia en el transporte ferroviario de mercancías, siempre bajo criterios de objetividad, transparencia y no discriminación.