Así, según ha comunicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, han determinado hacer frente a la postura de la familia Franco, que no ofrecía ninguna alternativa viable, toda vez que habían anunciado que solo aceptarían el traslado si era inhumado en la catedral de la Almudena, en el centro de la capital española.[/mpc_textblock]
El Gobierno concluye el procedimiento de exhumación de los restos de Francisco Franco. Se producirá el próximo 10 de junio y serán trasladados al panteón de Mingorrubio en El Pardo. #CMin pic.twitter.com/w6mLgSOFOi
— La Moncloa (@desdelamoncloa) 15 de marzo de 2019
La pretensión de la familia fue rechazada por considerarla inviable por cuestiones de seguridad y orden público, por lo que se les concedió un plazo de 15 días para que indicaran otro lugar. El plazo venció este lunes, sin que los Franco dieran una respuesta adecuada.
El final de un lento proceso
Esta decisión concluye el procedimiento iniciado por el Gobierno de Sánchez el 31 de agosto del año pasado, que se ampara en la Ley de 2007 de Memoria Histórica, en el pronunciamiento de un grupo de expertos en 2011 y en el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados que convalidó el Decreto para proceder a la exhumación en agosto de 2018.
«Estamos ejecutando una Ley de nuestro Parlamento, propia de una democracia que ha hecho un esfuerzo por atender los informes de Naciones Unidas«, ha dicho Calvo, en referencia a las recomendaciones del organismo internacional para que «el dictador no esté en un lugar de exhaltamiento«.
Posibles impedimentos judiciales
La familia del dictador Franco pretende que la ley de exhumación se declare inconstitucional. Los nietos del dictador ya han anunciado que presentarán un recurso a esta decisión ante el Tribunal Supremo, al igual que lo ha hecho la Abadía del Valle de los Caídos –también contraria a esta determinación–.
Además, también está pendiente de resolver lo relacionado con la licencia de obra concedida por el municipio donde se encuentra la actual sepultura de Franco. El magistrado José Yusty Bastarreche paralizó cautelarmente la licencia, admitiendo una de las decenas de demandas presentadas por los abogados de la familia Franco, que otros jueces habían rechazado.
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha pedido apartar a este juez por su falta de imparcialidad, habida cuenta de las declaraciones contra la Ley de Memoria Histórica –que establece medidas para reparar a las víctimas de la persecución y la violencia durante la guerra civil española y la posterior dictadura– que ha realizado, a la que ha definido como «ansia de venganza«.[/mpc_textblock]
