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La Comisión de Limpieza y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Vitoria ha sido testigo de un debate crítico centrado en el Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire 2023-2026. El tema principal del debate: los nuevos valores y estándares propuestos por el Parlamento Europeo.
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Óscar Fernández, de Elkarrekin, ha hecho hincapié en la necesidad de adaptar las políticas locales a las nuevas normas europeas que buscan garantizar un entorno más limpio y saludable para la ciudadanía. Estas normas establecen valores límite más estrictos para diversos contaminantes, tales como partículas PM2,5 y PM10, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono, que serán de aplicación en 2035.
Fernández ha expresado su preocupación por el hecho de que Vitoria ha estado operando sin un plan actualizado durante más de 13 años, desde que expiró en 2010. Ha solicitado claridad sobre si los nuevos valores propuestos por el Parlamento Europeo serán tenidos en cuenta, así como detalles concretos sobre el contenido y la fecha de finalización del nuevo plan.
«En Vitoria estamos inmersas en lo que es ese nuevo plan de acción para la mejora calidad del aire para los próximos tres años. Un plan que, como ya hemos venido denunciando en las últimas legislaturas, lleva sin actualizarse más de 13 años».
Óscar Fernández de Elkarrekin
En un mes habrá un borrador
El concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez, ha respondido afirmando que se actualizará el plan en línea con las nuevas directivas europeas. El edil ha explicado que el plan se basará en los valores establecidos por el Real Decreto 102-2011, y que se están realizando ajustes para reflejar la legislación más reciente. Según Rodríguez, el borrador técnico del plan se completará en un mes y abordará temas como la salud pública, el transporte de cero emisiones, acciones en la fuente, control y seguimiento, sensibilización y buen gobierno.
Rodríguez ha detallado que el Ayuntamiento de Vitoria se atiene a la normativa vigente y que esperará a que las nuevas directivas europeas se incorporen al ordenamiento jurídico nacional antes de implementar cambios en la legislación local.
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