Este viernes por la tarde, la Red de Vivienda Auzoan Bizi ha convocado una concentración en Vitoria-Gasteiz en apoyo a tres familias que enfrentan una situación crítica debido a una orden de desahucio. El evento ha contado con la participación de numerosos ciudadanos y miembros de la red Auzoan Bizi.
La situación enfrenta a dos organizaciones con misiones sociales en perspectivas claramente diferentes. Mientras Auzoan Bizi exige la paralización inmediata de los desahucios y acusa a las instituciones de complicidad, Berakah defiende su gestión y recalca la temporalidad de sus servicios de acogida.
Situación de las familias afectadas
El pasado 26 de septiembre, una de las familias afectadas recibió una notificación sobre la orden de ejecución del desahucio de viviendas gestionadas por el programa Berakah. Las familias, entre las que se encuentran Fátima y su familia, Hanan y Nacerá, han denunciado falta de transparencia en el proceso legal, lo que, según Auzoan Bizi, ha dificultado su capacidad para apelar.
Posición de Auzoan Bizi
Auzoan Bizi ha mostrado su firme rechazo a los desahucios. «A partir del 30 de octubre, en cualquier momento Fátima y su familia pueden ser desahuciadas», denuncian desde la organización. Ante esta situación, critican a Berakah por llevar a cabo desahucios mientras se presenta como una entidad que trabaja «para los pobres», y acusa a las instituciones públicas de ser «parte del problema».
Posición de Berakah
Por su parte, Berakah, obra social de las parroquias Santa María y San Vicente Mártir, defiende su labor social y asistencial, destacando que han atendido a miles de personas desde 2006. En cuanto a la familia que reside, según afirman (aunque Auzoan Bizi lo niega), en el Hogar Belén desde hace más de 4 años, explican que se trata de un servicio temporal y que la familia, teniendo otros recursos, se niega a abandonar el hogar.
Leyes y normativas
Según la Ley de Vivienda, para llevar a cabo desahucios de familias vulnerables es necesario notificar previamente a los servicios sociales, una formalidad que, según la trabajadora social de Fátima, no se ha cumplido. Además, hasta el 31 de diciembre de 2023 sigue vigente la suspensión de los desahucios de personas y familias vulnerables.
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