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El Gobierno Vasco amenaza con denunciar al Ayuntamiento por la reforma de la Casa Alfaro

Los servicios jurídicos municipales están actualmente revisando la notificación, con el propósito de determinar los siguientes pasos a seguir por el Ayuntamiento.

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Casa Alfaro Fournier

El Ayuntamiento de Vitoria ha detenido las obras previstas para la transformación de la Casa Alfaro en un hotel debido a discrepancias procedimentales con el Gobierno Vasco. Tras la declaración de ruina técnica del edificio el pasado 3 de noviembre y los intentos de acordar los términos de su rehabilitación con el propietario, el proyecto se encuentra en un punto muerto.

En un giro reciente, el Gobierno Vasco ha amenazado con una denuncia por la aprobación del proyecto sin solicitar el preceptivo informe al Consejo de Patrimonio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La aprobación inicial de la modificación del catálogo de protección del edificio por parte del Pleno del Ayuntamiento no incluyó este paso crítico, pese a las previsiones de comunicación y solicitud de informe a las entidades competentes.

El Ayuntamiento, habiendo desistido de la solicitud del informe del Consejo el 12 de mayo, enfrenta ahora la exigencia del Gobierno Vasco de anular la aprobación definitiva de la modificación del catálogo y volver al punto de aprobación inicial, permitiendo así la emisión del informe necesario. Esta petición, previa a la adopción de medidas judiciales, busca garantizar la seguridad jurídica del expediente.

Los servicios jurídicos municipales están actualmente revisando la notificación, con el propósito de determinar los siguientes pasos a seguir por el Ayuntamiento. Mientras se resuelve esta disputa procedimental, la intención del Gobierno municipal de darle uso al patrimonio histórico mediante el proyecto de la Casa Alfaro se mantiene firme, aunque ello requiera modificar la aprobación actual para asegurar la viabilidad y legalidad del mismo.

El plazo para la presentación del proyecto de rehabilitación concluye el próximo 7 de diciembre, y el Ayuntamiento ahora debe navegar en aguas complicadas para resolver las demandas del Gobierno Vasco y evitar posibles perjuicios económicos derivados de demandas de responsabilidad patrimonial.

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